Reglas claras y tiempos definidos cimientan una democracia sana y unas elecciones desarrolladas con previsibilidad, transparencia y equidad. El principio de preclusión resguarda ese orden. Como principio jurídico, guía, orienta y enmarca la creación, interpretación y aplicación del derecho dentro de un sistema coherente con sus fines.

La preclusión, del verbo latino prae-cludere (cerrar antes), es una garantía de seguridad jurídica y orden procesal. Impide que las etapas procesales se repitan o se reabran una vez cumplidas, resguardando la igualdad y el equilibrio procesal entre las partes. Otorga certeza y eficacia al proceso, limitando su obstaculización y reduciendo los márgenes de discrecionalidad o incertidumbre.

La preclusión es un efecto procesal, consecuencia del ejercicio o no ejercicio de una facultad dentro de las reglas que la rigen. Por ejemplo, si una organización política presentó un recurso y este ha sido resuelto, no puede interponer nuevamente el mismo recurso sobre el mismo acto: la etapa precluyó como resultado del ejercicio efectivo de esa facultad procesal.

También opera por su no ejercicio. Si una organización política no impugna una candidatura dentro del plazo, ya no podrá hacerlo más adelante. Esa fase del proceso habrá precluido. El no ejercicio se relaciona con la caducidad: esta impone un plazo determinado para el ejercicio del derecho, y la preclusión es su consecuencia directa. La caducidad es la causa, la preclusión el efecto.

¿Implica esto la extinción de un derecho o una obligación? No. La extinción, a diferencia de la caducidad, no depende del transcurso del tiempo ni del cumplimiento de plazos procesales, sino de hechos jurídicos que eliminan el derecho o la obligación por una causa material. Así, la entrega del padrón electoral da lugar al cumplimiento de una obligación; el fallecimiento o la renuncia de un candidato extingue su derecho a postularse; la pérdida de la personería jurídica de una organización política extingue su capacidad de participación. Estos hechos pueden cerrar etapas, pero no generan preclusión en sentido estricto.

Tener claridad sobre estos conceptos evita decisiones meramente formalistas. Su comprensión impide que sean usados como herramientas de exclusión que vulneren derechos políticos y afecten la legitimidad del proceso electoral. La preclusión debe ser aplicada como garantía de seguridad jurídica y previsibilidad dentro del debido proceso, no como obstáculo para el acceso a la justicia electoral.

Cada etapa del proceso electoral necesita reglas precisas que la rijan: medios de impugnación, plazos perentorios, su tramitación y cierre. Este es el momento de la vigilancia sigilosa de todos los actores, de la revisión exhaustiva, de la prudencia audaz del “aquí y ahora”, del “lo que se ve se anota”, de la participación activa, la evidencia objetiva, la trazabilidad del proceso y la transparencia de las actuaciones. Es el momento de generar certeza.

Una vez cumplidos los plazos y/o ejercida una facultad procesal, la etapa correspondiente queda cerrada y asegurada, impidiendo que sea modificada, alterada o eliminada de forma arbitraria. La preclusión no es una traba caprichosa, sino un principio que otorga orden, certeza, imparcialidad y previsibilidad al proceso. Hace posible una competencia democrática leal, protegida de cálculos políticos, narrativas tendenciosas o distorsiones institucionales. Si todo acto pudiera impugnarse en cualquier momento, no habría elecciones libres, sino contiendas permanentes.

No obstante, la preclusión no implica rigidez absoluta. Existen situaciones excepcionales en las que el acceso a la justicia electoral requiere cierta flexibilidad formal, especialmente cuando están en juego derechos políticos o la legitimidad del proceso. Esta excepción no niega la regla, sino que la complementa bajo criterios de equidad y verdad material. Se trata de evitar tanto la inseguridad por informalidad como el dogmatismo procesalista excesivo.

Tampoco deben admitirse abusos: actores que pretendan reinterpretar esta flexibilidad como excusa para reabrir plazos vencidos, rehacer procesos o activar mecanismos constitucionales bajo narrativas de defensa de derechos que, en realidad, buscan alterar el equilibrio electoral desde estructuras de poder, cualquiera que estas sean.