La promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas es el disparo de inicio para una carrera electoralista que, por lo adelantada, se postula a ser la más larga de la historia de Bolivia.

Las elecciones primarias se realizarán en enero y eso desatará una inevitable campaña por parte de los interesados en ser candidatos, especialmente a nivel del MAS que, como se sabe, es —por ahora— el único que está preparado para afrontar un proceso que se realizará por primera vez en el país. Con sus candidatos definidos, los partidos apuntarán enseguida a octubre, mes de las elecciones nacionales, así que la carrera por el poder durará más de un año.

Como ya apuntamos en este espacio, y lo hicieron notar la mayoría de los artículos periodísticos al respecto, esta ley fue promulgada con el expreso propósito de convertir en candidato al presidente Evo Morales pese a que la Constitución Política del Estado señala específicamente que no puede serlo. Por eso es que la norma fue aprobada en tiempo récord, a despecho de otras que duermen el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como la que pretende favorecer a los enfermos con cáncer.

El proyecto pasó por las dos cámaras con una velocidad asombrosa, incluso corrigiendo observaciones. Como el Tribunal Supremo Electoral puso objeciones, Morales se reunió con sus integrantes y, por lo que él mismo dijo, se presume que los llamó al orden porque no solo se aprobó la norma sino que se la promulgó.

Cuando tiene que promulgar leyes concernientes al interés nacional, el gobierno organiza actos públicos en los que el presidente pone la firma y posa para las cámaras. No pasó eso con la de organizaciones políticas que fue promulgada el fin de semana, en horario desconocido e, incluso, ya habría sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Quienes trabajamos en la industria editorial sabemos que, con tecnología y todo, una impresión tarda pero el oficialismo afirma que la de la gaceta ya está. Todavía no se mostró ningún ejemplar y la versión digital de la gaceta solo se actualizó hasta el 22 de agosto de 2018 pero el gobierno afirma que también cumplió ese requisito para que la ley esté vigente.

Más allá de las declaraciones en contra, los partidos de oposición todavía no reaccionaron orgánicamente, por lo menos no contra la ley que les involucra. Eso parece deberse a que ha concentrado esfuerzos para este día, cuando un hecho en particular determine la dirección que vaya a tomar la actual contienda política.

Para hoy está prevista la audiencia de apelación de la detención preventiva de Franklin Gutiérrez, el máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz. Sus bases se encuentran en la sede de gobierno desde hace una semana y ya anunciaron que ejecutarán medidas de presión si es que la autoridad judicial no revierte la decisión de mantenerlo encerrado en la cárcel mientras se sustancia el proceso penal en su contra.

Si es que usa su innegable influencia sobre el Órgano Judicial, el gobierno podría ordenar la liberación de Gutiérrez, fijándole medidas sustitutivas a la detención preventiva, y desinflaría el globo de ensayo que ha estado aumentado de volumen desde su detención. Si no lo hace, porque los intereses que determinaron su encarcelamiento —como el control del mercado de la coca—, son más poderosos que el enfrentamiento político, lo más previsible es que se precipite el curso de los acontecimientos.

Como ocurrió con el fallido Código del Sistema Penal, la oposición aprovecha los espacios que ha abierto el conflicto con los cocaleros de La Asunta para posicionarse. Mucho dependerá, entonces, de los resultados de esa audiencia.