El requerimiento fue presentado en respuesta a una serie de hechos registrados desde que se convocaron oficialmente las elecciones generales, advirtiendo que desde entonces los vocales han sido víctimas de amenazas sistemáticas y hostigamientos.
El documento remitido a la CIDH sostiene que “en caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”, refiriéndose a amenazas físicas, simbólicas y verbales que han ido escalando con el paso de los días.