El ministro de Justicia, César Siles, ratificó este miércoles, en Sucre, que el Gobierno garantizará los comicios “con el uso de la fuerza pública y, si es necesario, con las Fuerzas Armadas”, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Chuquisaca en contra de ‘autor o autores’ de un video difundido en redes sociales en el que un encapuchado lanza amenazas directas contra el TSE, el TCP y el TSJ.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Siles dijo que las movilizaciones que se registran en el país, más allá de exigir temas coyunturales y que se ponen como excusa, van dirigidas a interrumpir el proceso eleccionario.

“Vamos a extremar los esfuerzos con el uso de la fuerza pública, y, si es necesario, las Fuerzas Armadas para evitar que esto suceda, porque con estos bloqueos, marchas, protestas, amenazas, no solamente se está vulnerando el derecho de los bolivianos a votar, a elegir el 17 de agosto, sino se vulneran derechos a la circulación, a la salud, a la educación”, señaló.

Aclaró que cualquier protesta bajo el principio de libertad de expresión se respeta, pero si esta excede y afecta otros derechos constitucionales, tiene que actuar el Ejecutivo, la Policía, y en su caso incluso las Fuerzas Armadas.

Por estas acciones, dijo que existen procesos penales abiertos en La Paz por los “excesos” que cometieron los marchistas del ala evista que trataron de irrumpir en el TSE. De igual forma, por la violencia ejercida contra efectivos policiales en Cochabamba. Anunció que el Gobierno presentará las querellas que correspondan.

LOGÍSTICA

Según la declaración del diputado evista Rudy Capquiqe, la logística para estos atentados están siendo coordinados entre las altas esferas que aún maneja el exmandatario, aunque con dificultades para conseguir recursos, pero con la intención de ejercer violencia.

TCP denuncia intento de atentado

La noche de este miércoles, el TCP emitió un comunicado en el que denunció un intento de atentado contra esa institución por parte de dos individuos “fuertemente armados con explosivos que dispararon con dirección a las ventanas de este Tribunal” y que luego fueron aprehendidos.

“Dichas personas fueron contratadas por dos sujetos, quienes presuntamente son parte de la movilización que exige la habilitación del exmandatario Evo Morales como candidato presidencial e instruyeron hacer explotar estos materiales en inmediaciones de nuestra institución”, señala la denuncia pública.

A través de Secretaría General, los sindicados de intento de atentado material e intelectual fueron denunciados ante las instancias correspondientes. El TCP exigió a la Policía y al Ministerio Público resguardar la integridad física de los magistrados y de todos los funcionarios de esta institución.

La exasambleísta María Oporto dijo que no se percataron de ninguna aprehensión de alguno de sus miembros ni tampoco de la manipulación de explosivos. 

Diputado revela plan de Evo para cercar La Paz y atentados

“En octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. No vamos a esperar aquí, si La Paz no encabeza esto no va a haber, se ha quedado mucha gente y ya tienen que estar en La Paz (la gente) del Trópico. El miércoles (no especifica la fecha) hay cerco en La Paz, hay que darles como en octubre, un mes y medio”.

En otro audio, entre Capquiqe y Vicente Choque, se conoció que se garantizaba la presencia de gente del Trópico de Cochabamba en las manifestaciones en la ciudad de La Paz. “Yo creo que vamos mantener la marcha, porque va a haber bloqueos. El trópico vendrá a La Paz, (...) por lo menos unas 8.000 personas; estamos consiguiendo algunas cositas. El objetivo es que la Policía se mantenga en el centro, para que el bloqueo sea contundente, cercar La Paz”, dice Choque.

Asimismo, remarca que de ser necesario se pueden hasta replegar a los bloqueos, pero las concentraciones serán directamente en la plaza Murillo.

No obstante, Capquiqe aseguró que las instrucciones (de Evo Morales) incluían atentados. “Los dirigentes que hoy en día hemos recibido la instructiva y hay una coordinación, han planeado atentar, no solo contra la vida del presidente sino contra los allegados que están en su acompañamiento”.

Para éstas últimas acciones, el dirigente evista apuntó contra Suseth Rodriguez como la operadora directa de Evo Morales. Capquiqe aseveró que fue ella quien ordenó ataques específicos contra figuras públicas. “Me llama la señora, nos dice que hay que atentar contra la vida de Hugo Moldiz. Posterior, nos dice que hay que atentar contra la vida de Melania Torrico, que hay que atentar contra la vida de Fernando Ureña. El dirigente reveló otro audio, en el que se escucha a una mujer decir: “me llamaron compañeros del Trópico y me dijeron que nada ha funcionado lo que les hemos pedido y le he dicho no pues, es que nos falta una moto, le he dicho la verdad, y me ha dicho no pues, hasta el jefe estaba esperando esto, hasta el jefe nos ha preguntado y hemos quedado mal. Sí, le he dicho, tenía que ser, pero que también escapa de nuestras manos, el tema de la logística es complicado conseguir”, citado por El Deber.

Operativo contra explosivos en instituciones

Personal especializado de la Unidad de Bomberos de la Policía desplegó este martes un operativo de búsqueda de posibles artefactos explosivos en diversas instituciones del Órgano Judicial y del Constitucional en Sucre, como medida preventiva frente a amenazas vertidas por sectores sociales del ala ‘evista’ que protestan en el país. Las acciones se desarrollaron en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Electoral Departamental (TED), con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y de la infraestructura institucional.

El comandante de Bomberos, Efraín Pérez, indicó que luego de un trabajo de revisión en la infraestructura y la evacuación del personal por unos minutos, en el caso del TSJ no se encontró ningún objeto ni artefacto explosivo. Anunció que el trabajo de revisión será permanente.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, confirmó que la Policía realizó una inspección minuciosa en la sede del alto tribunal. “Son acciones preventivas en consecuencia a las amenazas que se han tenido. Ellos (la Policía) ya han recorrido y han hecho inspecciones”, declaró la autoridad judicial.

TSJ pide investigar caso de encapuchado

Sobre un video difundido en redes sociales en el que un sujeto encapuchado y con la voz distorsionada lanza amenazas directas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo que Evo Morales sea habilitado como candidato presidencial, el alto tribunal de justicia respondió con una denuncia penal.

“Queremos advertirles que si Evo Morales no participa de las elecciones, no habrá elecciones en este país (…) Sabemos cuándo sesionan, nosotros vamos a hacer todo lo posible e imposible para que nuestro líder sea candidato”, afirma el individuo en el video.

Ante estos hechos, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas.

“Decirle a estos aprendices de dictadores que a nosotros no nos corren con la vaina del sable. Estamos aquí para hacer respetar la institucionalidad y la democracia”, manifestó Saucedo en compañía de tres magistrados de su sala plena. El titular del TSJ también reveló que, según reportes de Inteligencia, ya se habría identificado a los presuntos autores del video. Las autoridades judiciales exigen respeto a las atribuciones y facultades de cada órgano del Estado y solicitan resguardo policial tanto para los magistrados como para sus familias. Además, reafirman su compromiso con el calendario electoral, que contempla el desarrollo de las elecciones generales el 17 de agosto. “Exhortamos a quienes tienen la labor de preservar el orden constitucional a que actúen con firmeza, para evitar cualquier hecho de violencia y garantizar el cumplimiento de nuestras funciones”, concluyó.

Por su parte, el procurador del Estado, Ricardo Condori Tola, manifestó que en caso de que una persona incurra en delitos de daño económico al Estado, probada en las instancias penales, esta entidad podría estar presente en el proceso. Sobre los bloqueos, dijo que posiblemente haya daño económico, pero las instancias competentes deben investigarlo y “si el caso amerita, inmediatamente la Procuraduría se apersonará para hacer prevalecer los derechos de los bolivianos”.