Una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), brazo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la tarde del 3 de junio, fue interceptada y retenida contra su voluntad por un grupo liderado por autoridades municipales y actores cívicos del municipio de San Antonio de Lomerío, cuando se dirigía a supervisar la Asamblea Territorial de la Nación Monkoxi de Lomerío. En este sentido, la organización indígena exige una investigación penal contra los autores materiales e intelectuales de lo ocurrido.

«Demandamos la investigación de estos hechos y las acciones legales de manera urgente contra estas personas por el delito de secuestro tipificado en el código penal», señala el pronunciamiento publicado el 3 de junio.

Intento de boicot

Según denunció públicamente la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), el grupo, encabezado por el abogado Elías Huanca, fue detenido en la comunidad de Nampurabo por funcionarios del Gobierno Municipal y un grupo que, además de obstaculizar su desplazamiento, vandalizó el vehículo en el que se transportaban. La organización señala directamente al alcalde Alfredo Chuvurí García y al asesor jurídico municipal Antonio Parapaino Pessoa como responsables de la acción, que impidió que la comisión llegara a tiempo a la comunidad de Puquio Cristo Rey.

La Central de Comunidades calificó los hechos como un intento deliberado de boicotear la asamblea prevista para este miércoles 4 de junio, en la que se tenía previsto ratificar el Estatuto Autonómico de la Nación Monkoxi. El evento es parte de un proceso de autodeterminación respaldado por la Constitución Política del Estado y la Ley 1198, en el que participarán autoridades de las 29 comunidades del territorio indígena.

«En el marco de los preparativos de dicha asamblea, se ha sufrido hostigamientos, amenazas y amedrentamientos y campañas por redes sociales dirigidos a las autoridades legítimas del territorios de Lomerío por llevar adelante este proceso que encamina la Autonomía del territorio», denunciaron los indígenas en su pronunciamiento. Indicaron, además, que los miembros de la comisión fueron incomunicados y impedidos de usar sus teléfonos celulares.

La Central también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para garantizar la vida y la integridad física de la dirigencia de la CICOL.

Este 4 de junio se conoció que la Comisión ya fue liberada y que estaba camino a la ciudad de Santa Cruz. Entrre tanto, la Asamblea fue suspendida porque su realización debe ser supervisada por el Órgano Electoral.

Aquí puede leer el pronunciamiento del 3 de junio:

Bloqueo municipal

El presidente del Comité Cívico Provincial de la Cruceñidad, Marcelo Méndez, manifestó en conferencia de prensa que el pueblo de San Antonio de Lomerío tiene el derecho constitucional de ser consultado de forma libre, previa e informada sobre cualquier transformación en su estructura autonómica. Aseguró que la intención de imponer una autonomía indígena sin la realización de un referéndum constituye una grave vulneración a la voluntad democrática de las comunidades y un atropello a sus derechos colectivos.

“Denunciamos el atropello por parte del TSE y gente afines al Gobierno por pretender imponer maliciosamente al Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío que se convierta en autonomía indígena, toda vez que están violentando las garantías constitucionales del pueblo y sus comunidades al no querer hacer la consulta mediante un referéndum y se quiere llevar a una simple asamblea totalmente ilegal», dijo Méndez.

Asimismo, expresó su respaldo al paro indefinido declarado por las autoridades comunales de San Antonio de Lomerío desde la cero horas del 3 de junio, y advirtió que si el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo Electoral insisten en validar procedimientos irregulares, serán responsables de cualquier confrontación que pueda generarse en el territorio chiquitano. Méndez hizo un llamado a la institucionalidad del país para que se respete la voz de las bases y se suspendan todas las acciones que no hayan sido previamente consensuadas mediante un referéndum. Finalmente, declaró personas no gratas a los miembros del TSE y a los excaciques de la CICOL.

El estatuto ya fue aprobado

El estatuto autonómico de Lomerío fue aprobado por la mayoría de las comunidades indígenas monkoxi, por aclamación, el 4 de diciembre de 2020, en una Asamblea General Extraordinaria convocada previamente por la CICOL para ese fin. En esa fecha, autoridades del municipio de San Antonio procedieron al bloqueo de los caminos y promovieron la instalación de actos de violencia contra las y los delegados de las comunidades que pretendían asistir a la Asamblea. En aquella ocasión no se contó con la presencia de las autoridades electorales, por lo que el proceso debía repetirse este miércoles 4 de junio.

“Estamos viviendo una situación crítica (causada) por los funcionarios del gobierno municipal, hay bloqueo a San Antonio de Lomerío (en la ruta) que va a Salinas. Es por el tema de que no están queriendo que participen las autoridades de las 29 comunidades para la aprobación del estatuto autonómico por normas y procedimientos propios”, dijo María Choré, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de Lomerío y del Consejo Consultivo Autonómico de Lomerío.

Choré relató que desde 2019, en que se aprobó la Ley 1198, tienen la facultad de aprobar sus estatutos por normas y procedimientos propios y en concordancia con la CPE. El bloqueo “vulnera el derecho de los hermanos que quieren vertir su opinión, si van a decir sí o no al estatuto. Todos tenemos el derecho de emitir nuestra decisión. No vamos a decir que el pueblo de San Antonio (está bloqueando), sino son funcionarios del gobierno municipal, nuestros recursos están utilizando para dar a estos bloqueadores», dijo Choré, desde la comunidad de Puquio, en Lomerío.