El TCP garantizó ante la Corte-IDH que las elecciones generales se llevarán a cabo en agosto, “sin que se rompan las reglas del juego”. El organismo consideró importante respetar el pluralismo político y el resguardo de la independencia del sistema judicial para respaldar la democracia.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional firmó un convenio con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar la realización de las elecciones generales de agosto, ante las diferentes acciones que, desde nuestro entender, tienden a postergar o alterar las reglas de juego del proceso electoral”, expuso René Yván Espada, decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Nancy Hernández.

La afirmación la hizo ayer durante la firma de un acuerdo marco de cooperación entre la Corte-IDH y el TCP, en Sucre, que tiene la finalidad de garantizar los procesos democráticos en el país y los derechos humanos.

Visita

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia con el objetivo de reforzar la cooperación institucional entre el Estado Plurinacional y la Corte-IDH, promoviendo el intercambio técnico y jurídico en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

Espada detalló que la Corte-IDH planteó varios desafíos al país, uno es cómo contener un retroceso en los procesos democráticos de la región.

“Para eso nos planteaba que necesitamos garantizar un proceso libre y transparente”, dijo el magistrado.

Espada expuso a la presidenta de la Corte-IDH que el TCP se encuentra en la tarea de “resguardar” que el proceso electoral de agosto se cumpla en la fecha prevista, 17 de agosto, y recordó que para ello se firmó un convenio con los vocales del TSE.

“Estamos en la tarea ardua de contribuir para que a partir del 17 de agosto se configure un nuevo gobierno democrático y en el que se respete la participación de toda la sociedad boliviana y las normas establecidas, como la Constitución”, remarcó.

Según el magistrado, el organismo multilateral recomendó la necesidad de garantizar la pluralidad política y la participación de la población para que el proceso electoral en curso tenga legitimidad. Además de resguardar la justicia como una medida para garantizar las “herramientas democráticas”.