La petición, remitida en las últimas horas, surge como respuesta a una serie de hechos que se intensificaron desde la convocatoria oficial a las elecciones generales. Según el documento presentado, los vocales han sido blanco de amenazas sistemáticas, tanto físicas como simbólicas, muchas de ellas de carácter masivo y con implicaciones para sus entornos familiares.

“En caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”, señala la solicitud, haciendo énfasis en el clima de intimidación que ha escalado de manera alarmante.

Entre los episodios más críticos, el TSE destaca el periodo comprendido entre el 27 y el 30 de mayo, cuando sectores movilizados lanzaron amenazas explícitas como incendiar las oficinas del TSE y atacar directamente a los vocales. El 29 de mayo, un video difundido por redes sociales mostró a Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, revelando domicilios de vocales y lanzando advertencias del tipo: “si no es a las buenas, va a ser a las malas”.

Además de estas declaraciones, se produjeron actos simbólicos de violencia, como la quema de muñecos con el rostro del vocal Tahuichi Tahuichi en La Paz y Oruro, mientras se gritaban frases como “quémenlo, quémenlo” y “que muera el vocal Tahuichi”. Estos actos, a juicio de la institución electoral, constituyen una incitación directa al daño físico.

Pese al despliegue policial solicitado desde el 16 de mayo, los vocales advierten que las amenazas persisten e incluso se han intensificado, afectando también a sus familiares. Este panorama llevó al TSE a expresar su preocupación por una posible repetición de hechos violentos como los registrados tras las elecciones de 2019, cuando oficinas electorales departamentales fueron incendiadas.

El documento también menciona un reciente atentado con explosivos en las inmediaciones del domicilio del vocal departamental de Cochabamba, Humberto Valenzuela, como un indicio del peligro tangible al que están expuestos los miembros del Órgano Electoral.

La solicitud presentada ante la CIDH insta al Estado boliviano a adoptar acciones urgentes que garanticen no solo la seguridad personal de los vocales y sus familias, sino también su derecho a ejercer funciones sin coacción, presión o violencia.

“El riesgo es inminente”, advierte el TSE, y sostiene que lo que está en juego trasciende a las personas involucradas: es la institucionalidad democrática y la independencia del Órgano Electoral lo que podría verse comprometido si no se adoptan medidas efectivas de protección.