Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: viernes 30 de mayo de 2025
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La Defensoría del Pueblo emitió este viernes un comunicado en el que “rechaza enfáticamente las amenazas y hostigamiento” contra los vocales del Órgano Electoral y exhortó a los sectores movilizados "evistas" a conducir sus acciones a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público.
La entidad expreso, asimismo, su “máxima preocupación por la escalada de discursos beligerantes en la situación de conflictividad que atraviesa el país por la crisis económica y el contexto pre electoral”.
“En el marco de lo previsto por el Articulo 14.1 de la Ley N° 870, la Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral y exhorta a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público”, dice el pronunciamiento.
“Las amenazas con afectar la integridad física de otra persona, así como obstaculizar el cumplimiento de las funciones públicas están reñidas con lo dispuesto en la legislación boliviana; por ello, es fundamental enmarcar toda acción en respeto de la normativa vigente”, se lee en el texto.
El pronunciamiento se da en el quinto día de las movilizaciones de los sectores “evistas”, que han amenazado a policías, militares y ahora a vocales del Órgano Electoral, en su intención de inscribir a Morales como candidato a la presidencia, pese a que el plazo ya cerró y, además, hay dos sentencias constitucionales que van en contra de la posibilidad de que sea postulante.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará con el monitoreo y acompañamiento al desarrollo del calendario electoral.
“De igual forma, fomentará espacios de reflexión e intercambio de opiniones respecto a la relevancia del ejercicio de los derechos políticos de las y los bolivianos, reiterando al Estado su obligación de garantizar los mismos para la consolidación del sistema democrático nacional”.