Los abogados que atacan y defienden la declaración constitucional de autoprórroga de mandato de los actuales magistrados sindicaron al Órgano Legislativo como el único responsable de haber provocado esta situación por su incapacidad de llevar adelante unas elecciones judiciales con tiempo adecuado.

“La nueva estructura de gobierno va a encarcelar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, al Ejecutivo y a todos los legisladores, porque ellos sabían perfectamente que el mandato de estos administradores de justicia, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, concluía el 31 de diciembre de 2023, por tanto, todos los actos a partir del primero de enero del 2024 son ilegales”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Pero el abogado indígena Roberto de la Cruz afirmó que era la única alternativa porque la misma Carta Magna tiene una laguna jurídica insalvable .

“En este momento la salida constitucional es la prórroga excepcional de mandato de las actuales autoridades judiciales por un tiempo perentorio, pero no más de un año, hasta que se elijan y se posesionen a nuevos magistrados, esto en mérito a la declaración constitucional plurinacional 001/2020 tal como se hizo con los legisladores y ejecutivos del 15 de enero de 2020”, dijo el abogado Roberto de la Cruz.

El abogado Eusebio Vera, que patrocina los militares acusados dentro de los casos ‘golpe I’ y ‘golpe II’, demandó un pronunciamiento específico del presidente Luis Arce porque, como primera autoridad del Estado, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes.

“Estas resoluciones van en contra de la Constitución, se debe pronunciar el señor Presidente (del Estado) porque, si no lo hace, quiere decir que está en concomitancia con ellos, con el Tribunal Constitucional, que está de acuerdo con la emisión de las resoluciones del Tribunal Constitucional; tiene que pronunciarse el ministro de Justicia (Iván Lima) si es probo, si es justo, si es un nombre de letras”, protestó Vera.

Para el abogado constitucionalista Israel Quino, la declaración del TCP es abiertamente inconstitucional y calificó la misma como un “golpe judicial”. “La Declaración Constitucional 049/2023 que autoprorroga funciones de la cúpula judicial por encima del periodo de funciones es una resolución #inconstitucional. Un juez no puede fallar para sí mismo y no existe caso de excepcionalidad”, escribió Quino en su cuenta X.