La democracia no sobrevive sin justicia independiente. El fallido método de elección popular de magistrados del sistema judicial previsto en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promovido por el régimen del MAS, ha dado como resultado una peligrosa politización de la justicia, particularmente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, lejos de hacer interpretaciones del texto constitucional, se ha convertido en el poder omnímodo de la nación.

El TCP ha arrasado con la independencia del Poder Judicial, el equilibrio de poderes y, últimamente, con la independencia y preeminencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en tiempos electorales como el actual, poniendo en peligro la realización de las elecciones de agosto próximo.

Este fenómeno, que podría describirse como "sicariato judicial", refleja cómo ciertos actores dentro del aparato judicial, lejos de actuar conforme a los principios éticos y legales que deberían regir sus funciones, se convierten en herramientas al servicio de intereses particulares y políticos. Algunos de esos magistrados actúan como agentes del poder, dispuestos a aniquilar a adversarios políticos con la legitimidad aparente de sus sentencias. Lo que debería ser el pilar de la equidad y el derecho se convierte así en un arma de persecución.

Un caso ilustrativo: disparando a mansalva desde tribunales constitucionales departamentales como el de Beni, curiosamente constituido por miembros ajenos a esa región, y por iniciativa de sospechosos “activistas” de oscuro proceder, buscan inhabilitar a siglas partidarias y candidaturas para dejar en cancha solo a opositores dóciles y al candidato oficialista.

Esta modalidad de voto popular de magistrados pasó de Bolivia a México, donde se votó por primera vez el domingo pasado (1 de junio), con una asistencia de solo el 13% del electorado. Aunque el ejercicio se desarrolló pacíficamente, estuvo marcado por el desconocimiento y el desinterés de las mayorías. 

La obstrucción del proceso electoral por los miembros de salas constitucionales está dando lugar al debilitamiento de nuestra democracia incipiente, violando el principio de preclusión y el monopolio que otorga la Constitución al TSE para regir los procesos electorales de manera independiente y exclusiva. 

La reforma judicial es impostergable. No bastan medidas superficiales; se requiere una transformación estructural que devuelva a la justicia su rol como guardiana de los derechos ciudadanos. Es urgente cambiar el modelo de elección popular, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que el mérito, la ética y la formación técnica sean los únicos criterios para acceder a la magistratura. Pero para ello es necesario convocar a una nueva asamblea constituyente que enfrente el desafío de cambiar la Constitución.

Los magistrados que hoy actúan como sicarios judiciales deberán rendir cuentas. No solo por haber vulnerado normas, sino por traicionar los principios más elementales de la convivencia democrática. Su responsabilidad histórica no será olvidada. Así como tampoco la de quienes desde el poder pretenden imponer un “madurazo” electoral que elimine a ciertos candidatos incómodos.