El vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, denunció este lunes que los bloqueos instalados en distintos puntos de Cochabamba no cuentan con respaldo genuino de las bases sociales, sino que son ejecutados bajo amenazas y presión ejercida desde la dirigencia cocalera del Trópico de Cochabamba.

En contacto con radio Éxito, Gómez advirtió que esta medida no representa un sentir nacional, pero sí genera un impacto considerable al afectar las rutas troncales que conectan el oriente con el occidente del país.

“Es un bloqueo obligado, amenazado, a nuestros compañeros. Por eso no se siente en todo el país, pero afecta al bloque frontal que une Santa Cruz y Cochabamba con el occidente”, afirmó. Según su declaración, varios de los movilizados habrían manifestado su desacuerdo con esta medida, pero participan por temor a represalias dentro de sus sindicatos.

Gómez sostuvo que en los nueve puntos de bloqueo establecidos, en su mayoría, los movilizados provienen del Chapare y se encuentran afiliados al MAS, aunque muchos, dijo, ya no responden al liderazgo del expresidente Evo Morales.

“Nos han llamado varios compañeros del Trópico de Cochabamba, quienes están con el MAS, muchos también están con Andrónico Rodríguez, ya no quieren al expresidente, pero la dictadura sindical que se vive en el Trópico hace que el compañero afiliado deba salir obligado a bloquear”, denunció.

El vocero aseguró también que se trata de un “paro movilizado pagado”, orquestado por el entorno más cercano de Evo Morales, a quien acusó de buscar generar un escenario de convulsión para evitar rendir cuentas ante la justicia. “Es la única carta que se juega Evo Morales. Si esto no resulta, Evo Morales aparecerá tras las rejas. Si esto hace una convulsión social, un golpe de Estado, Evo Morales, con su grupo armado, habrá una dictadura en el país, lo cual todo el pueblo boliviano rechaza”, advirtió.

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión política y social en el país, mientras continúan bloqueos promovidos por sectores afines al expresidente, quienes exigen su habilitación como candidato a las próximas elecciones presidenciales, pese a que el plazo legal para el registro ya venció y existen dos fallos constitucionales que impiden su repostulación. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del entorno de Morales sobre estas acusaciones.