El revuelo causado por la urgencia del oficialismo no se debe a que la norma en cuestión sea rechazada por los opositores, sino por los fines ocultos detrás de la rapidez con que están actuando los asambleístas del MAS.

Ocurre que la ley busca la democratización interna de las agrupaciones políticas, lo cual es loable, pero considerando que estamos a un año de elecciones generales, no es factible su aplicación en los próximos comicios, como quiere el oficialismo, pues implicaría que los liderazgos emergentes queden inhabilitados de la contienda.

El caso de Carlos Mesa es el más claro, pues él no pertenece a ningún partido, y si la ley se promulga, estaría obligado a sellar su militancia con alguna tienda política hasta mediados de octubre, de lo contrario no podría ser candidato en 2019. Es que, según lo dispuesto en el proyecto de ley, los partidos deben realizar elecciones primarias para definir sus binomios presidenciales.

Al parecer, la prisa del MAS es una estrategia para deshacerse del único rival que podría hacerle sombra a Morales, pero también quieren legitimar la cuarta candidatura consecutiva del presidente con una elección interna, (claro, si el Tribunal Supremo Electoral lo permite), así matan dos pájaros de un tiro.

Los voceros del MAS se lavan la boca hablando de democracia, pero en su propio partido la ley no tendría sentido, ya que la candidatura de Morales no está en duda, ¿o acaso habrá alguien que le quiera disputar el liderazgo en unas elecciones internas? Como suele ocurrir desde hace algunos años, las leyes se aplican a los demás, pero los oficialistas están por encimas de esas minucias.

También desde la vereda albiazul se indica que este tipo de norma se aplica con éxito en países vecinos, aunque no cuentan los detalles. En Argentina, por ejemplo, la Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral fue sancionada el 2 de diciembre de 2009, dando lugar a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner fue la impulsora de dicha ley y su objetivo, más que fortalecer la democracia, fue evitar que en las elecciones presidenciales de 2011 se repitiera lo ocurrido en las legislativas de 2009, cuando disputas internas le restaron votos al kirchnerismo. Así, se pretendía unificar fuerzas y concentrarlas en una sola candidatura (la de su marido, Néstor, y luego la suya), anulando la posibilidad de que disidentes pudiesen lanzarse a la contienda y llevarse algunos miles de electores con ellos.

Mientras el liderazgo de la expresidenta no fue cuestionado, ella siempre defendió la importancia democrática de las PASO, pese a las críticas de muchos analistas, quienes consideraban que sólo eran un enorme gasto de dinero público. En 2017, sin embargo, Florencio Randazzo, exministro del Interior de Fernández, anunció que competiría contra Cristina en las primarias, pues creía que merecía la oportunidad de encabezar las listas del peronismo en las próximas elecciones.

Ahí la expresidenta montó en cólera y se negó a medir fuerza con su antiguo correligionario; es más, abandonó su partido y fundó una nueva agrupación para lanzar su candidatura sin ningún atrevido cerca que se animara a discutir su liderazgo.

Volvamos a nuestro país, donde la Ley de Organizaciones Políticas no afectará la “democracia” interna del MAS, sino la de los opositores. Y en honor a la verdad, a los opositores tampoco les preocupa la ley, pues con o sin elecciones los liderazgos están plenamente definidos y son incuestionables. El problema está en los liderazgos emergentes, en las aspiraciones de plataformas ciudadanas que no pierden la esperanza de que Carlos Mesa se anime a candidatear.

Con la ley aprobada, Carlos Mesa ni ningún otro ciudadano podrían candidatear a la presidencia, a menos que hubiese ganado las elecciones internas del partido en el que milita.

¿Pero qué hay de los derechos humanos? El Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó que el artículo 168 de la CPE es inaplicable porque vulnera los derechos políticos del presidente Morales, consignados en el Pacto de Costa Rica sobre derechos humanos.

En otras palabras, el TCP dijo que los derechos humano-políticos de Evo Morales están por encima de la Constitución boliviana. A la vuelta de la esquina, los masistas quieren que una ley (que en jerarquía está por debajo de la Constitución) esté por encima de los derechos humano-políticos de cualquier otro ciudadano.

Evo sí puede candidatear todas las veces que lo desee, aunque la constitución se lo prohíba, pero Mesa no puede candidatear si no es militante de un partido político. Yendo más lejos, si la lógica de los derechos humanos del TCP es válida para todos, cualquier ciudadano podría candidatear a la presidencia, incluso si no tiene partido que lo apoye, porque su derecho político-humano está por encima de una norma legal.

Pero sabemos que eso es una aberración, que, de hecho, Evo no puede candidatear porque la Constitución y el voto popular se lo prohíben, pues todo derecho tiene límites en una sociedad democrática.

El problema es que cualquier aberración será cometida con tal de perpetuarse en el poder; se promulgarán leyes a medida, o se las ignorará cuando ya no sean convenientes (como en Argentina), debido al temor que provoca perder los privilegios actuales y ser sometidos a investigaciones por todas las irregularidades que probablemente se han cometido.

Está en manos del TSE impedir que una ley sea manipulada en beneficio de intereses particulares y en desmedro de la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano.