Ese tipo de democracia de baja calidad es insuficiente para hacer frente a las reivindicaciones sociales, a las incertidumbres y a la complejidad de los problemas fundamentales de la sociedad, que requieren intervenciones integrales sobre la base de la participación y la inclusión.

Por eso, se plantea cada vez con más fuerza la necesidad de un rol más activo de la población en las cuestiones públicas. La participación ciudadana es una condición indispensable para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones, por lo que diversos autores destacan la idea de que la participación es democracia y la democracia es participación, no pudiendo darse la una sin la otra.

De este modo, el ejercicio de la democracia representativa se debe complementar con el de democracia participativa y en esto, la aplicación de política pública juega un papel importante que, dependiendo de su aplicación, contribuye o no al fortalecimiento democrático.

En ese contexto, el establecimiento de políticas públicas tiene necesariamente que contribuir al fortalecimiento de la democracia. Si bien es cierto que una política pública debe conducir a solucionar problemas sociales, con principios de inclusión y de representación, no es menos cierto que muchos de los problemas sociales nacen desde lo más bajo de la pirámide, es decir desde el ámbito local, donde se construye y se ejerce la ciudadanía.

Justamente es desde allí que se deben generar las soluciones, ya que es el sector de la sociedad que sufre las necesidades y problemas, precisamente quien está más capacitada para encontrar las solución. Por ello, los gestores de políticas públicas tienen que tener la capacidad de convertir una problemática en política pública que contribuya a su solución.

Proponer políticas incluyentes y participativas, basadas en la realidad local, sería el procedimiento natural de sociedades descentralizadas y responsables. Sin embargo, en gran parte de los casos se está lejos de implementar políticas públicas que surjan de las bases y del diálogo representativo, producto del acercamiento entre instituciones y ciudadanía organizada.

Por lo tanto, se hace necesario fortalecer la gobernanza, entendida según el experto Cátala Prats “como la pauta o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes”. Básicamente “la manera en que se ejerce el poder”, según un informe del Banco Mundial de 1993, donde el objetivo es crear una relación ganar-ganar que beneficie a las diferentes partes. Y en este marco, el poder gubernamental, tiene un rol fundamental para incluir y decidir sobre la posibilidad de diseñar políticas públicas de bienestar y desarrollo.

Por lo tanto, las políticas públicas no son monopolio exclusivo del gobierno. Son una actividad compartida y constante que requiere del trabajo conjunto de gobernantes y gobernados en pro de construir una relación de confianza, en donde el ser humano sea el centro de las políticas públicas.