Expresando su rechazo a la cantidad de recursos presentados para interferir en el trabajo del TSE respecto a la inscripción y habilitación de siglas y candidaturas para los comicios generales, Alvarado puntualizó que la única instancia con atribuciones para pronunciarse en este tema es el Órgano Electoral.
Asimismo, afirmó que cualquier orden o disposición judicial emitida con intensiones políticas para interferir en las determinaciones del ente electoral, no deben ser válidas al no estar enmarcadas en el respeto a la norma vigente.
“La instancia que define cuáles son las siglas que deben estar vigentes es el Tribunal Electoral, pero como en el país no hay respeto al Estado de Derecho, ahora es el Tribunal Constitucional el que busca definir las candidaturas”, dijo.
En ese sentido y calificando como una “barbaridad” las intenciones de buscar la anulación de siglas y candidaturas, a destiempo y fuera de la norma, Alvarado sostuvo que esa práctica está alejada de los valores democráticos y tiende a una medida dictatorial.
Sobre los peligros que amenazan al presente proceso electoral, el activista observó que, a las acciones judiciales que obstaculizan el proceso, se suman las reiteradas amenazas de sectores radicales que responden al “evismo” para generar convulsión social, hecho que debe mantener a la ciudadanía en alerta constante.
“Las elecciones de 17 de agosto de este año continúan en peligro, están en serio peligro, por lo tanto, nosotros como Conade, vamos a luchar para que se garantice la realización de estos comicios”, aseveró.
En relación a los cuestionamientos hacia la falta de voluntad demostrada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para viabilizar normativas enfocadas en blindar los comicios de agosto próximo y el trabajo del TSE, Alvarado explicó que, en el caso de la preclusión, este principio ya se encuentra vigente en la normativa electoral; sin embargo, la verdadera falla se encuentra en la ausencia de mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento.
Por lo expuesto y ante una persistente amenaza a la realización de las elecciones 2025, adelantó que una posible suspensión o postergación de los comicios presidenciales, solo generaría una peligrosa escalada de conflictividad, situación que debe evitarse a toda costa.
“Seguramente se daría una convulsión social porque se está rompiendo el sistema electoral, y si no hay elecciones el 17 de agosto se trataría de un quiebre institucional a nivel general, lo que provocaría que la población salga a las calles como pasó el 2019”, finalizó Alvarado.
Esta semana, a la polémica por los recursos judiciales que entorpecen el desarrollo del proceso electoral, se sumaron las movilizaciones, asedio y hasta amenazas hacia la integridad de los miembros del TSE por parte del “evismo”.
Vocales del TSE denunciaron un “sabotaje” al presente proceso electoral, mismo que se ejecuta desde las acciones legales que pretenden subordinar las decisiones del TSE, hasta el asedio y la presión constante de grupos movilizados.
Desde la Defensoría del Pueblo, se expresó preocupación por la escalada de discursos beligerantes producto de la alta conflictividad en el país por la crisis económica y el contexto preelectoral.
“Se exhorta a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público”, señala un pronunciamiento emitido por el ente defensorial, recordando a las autoridades del TSE su obligación constitucional de promover la legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, transparencia, interculturalidad, paridad y equidad de género en todo proceso electoral, garantizando a la población boliviana la realización de las elecciones generales 2025 de manera íntegra, transparente y competitiva.