El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, denunció este viernes que las movilizaciones protagonizadas por grupos cercanos a Evo Morales frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no son espontáneas, sino que estarían motivadas por pagos económicos y tendrían como objetivo acortar el mandato constitucional vigente.

En una conferencia de prensa, Aguilera afirmó que los participantes reciben dinero o boletas como compensación por su asistencia a las protestas. Además, reveló que durante los operativos realizados el jueves, se aprehendió a 26 personas, entre ellas a un individuo acusado de distribuir dinero entre los manifestantes.

Según la autoridad, varios de los arrestados portaban cachorros de dinamita y agredieron a efectivos policiales, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Policial. Estas acciones, sostuvo, constituyen una obstrucción a la justicia y serán procesadas penalmente por delitos como tráfico ilícito de explosivos, lesiones, atentado contra la seguridad del Estado y daño a bienes públicos.

El Gobierno considera que estas manifestaciones no solo buscan inscribir la candidatura del expresidente Morales a través de Pan-Bol —agrupación sin personería jurídica—, sino también desestabilizar el proceso democrático. Aguilera advirtió que el derecho a la protesta está garantizado, pero no puede ejercerse con violencia ni bajo amenazas.

Las movilizaciones también se replicaron en las sedes del TSE de Cochabamba y Santa Cruz. En el caso cochabambino, el viceministro denunció que personas del Trópico fueron presionadas para participar, bajo amenaza de sanciones económicas si no asistían.

Frente a este escenario, la Policía mantiene operativos en puntos estratégicos para garantizar el libre tránsito y evitar bloqueos que puedan afectar el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades.