Tras las polémicas palabras amenazantes emitidas el jueves pasado por el diputado “evista”, Héctor Arce, en contra de un general de la Policía Boliviana, un grupo de personas pertenecientes a la agrupación Evo Pueblo, en declaraciones a medios de comunicación, se dirigieron a los vocales del Tribunal Electoral para advertir que, si no se habilitaban la inscripción de su líder como candidato a la presidencia, se hará conocer públicamente sus domicilios y hasta los nombres de algunos de sus familiares.
“Haremos conocer quiénes son sus familiares. Si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes”, amenazaron, sumando a sus demandas la liberación de todas las personas aprehendidas por generar violencia en los alrededores del TSE y la renuncia del presidente Luis Arce.
Al respecto, el diputado paceño Alberto Astorga aseguró que las movilizaciones del “evismo” han pasado a ser medidas lideradas por grupos criminales que prácticamente están amenazando la integridad y la vida de miembros de un órgano del Estado, por lo que es necesario asumir medidas para evitar una escalada de violencia.
“Exigimos al gobierno que deje de ser pusilánime e intervenga a estos grupos criminales que amenazan la vida de vocales. Demandamos que se garantice la paz social para los bolivianos y se procese a estas personas”, dijo.
Por su parte, el exdiputado Rafael Quispe afirmó que las palabras vertidas por simpatizantes de Evo Morales son reprochables desde todo punto de vista y deben ser sancionadas para evitar que sea el inicio de una escalada de violencia en el país.
“El Ministerio Público, de oficio debería activar los mecanismos necesarios para aprehender a estas personas, debido a que no es la primera vez que se procede de esta forma”, sostuvo Quispe, al advertir que la convulsión social es similar a una bola de nieve que, si no se para a tiempo, crece y se vuelve más grande, tal como ocurrió en el pasado.
A través de sus redes sociales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, advirtió un “sabotaje” al presente proceso electoral, mismo que se ejecuta desde las acciones legales que pretenden subordinar las decisiones del TSE, hasta el asedio y la presión constante de grupos movilizados.
“Es urgente encauzar el proceso electoral en un ambiente de paz y respeto a la autonomía e independencia del TSE, como Órgano del Estado”, señaló el vocal, llamando a autoridades de los órganos del Estado, además de líderes políticos y sociales, a actuar con responsabilidad y prudencia en el actual contexto que vive el país.
“La preclusión y pluralismo político son esenciales para garantizar elecciones limpias y justas”, indicó.
Ayer, personal de Bomberos reportó que, en horas de la madrugada, un artefacto explosivo explotó cerca al domicilio del vocal departamental de Cochabamba, Humberto Valenzuela.
“Aparentemente, ha sido una advertencia o una amenaza porque no ha habido un daño considerable, solo es una explosión que alertó al propietario”, informó el efectivo de Bomberos, subteniente Brayan Chávez.
Desde la Defensoría del Pueblo, se expresó preocupación por la escalada de discursos beligerantes, producto de la alta conflictividad en el país por la crisis económica y el contexto preelectoral.
“En el marco de lo previsto por la Ley 870, la Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral y exhorta a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público”, sostiene un pronunciamiento emitido por el ente defensorial.
Asimismo, se recordó a las autoridades del TSE su obligación constitucional de promover la legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, transparencia, interculturalidad, paridad y equidad de género en todo proceso electoral, garantizando a la población boliviana la realización de las elecciones generales de agosto de 2025 de manera íntegra, transparente y competitiva.