Se trata del segundo reporte de estas características después de que en noviembre del año pasado la Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia documentara los casos de 172 presos políticos, advirtiendo que el número era mayor, pero que no habían podido acceder a información del estado de sus casos.

El “Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia” fue presentado recientemente en La Paz por la novel Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, con datos que corresponden al periodo 2008–2024.

De los 347 perseguidos, 104 están en libertad, 82 están con detención preventiva, 76 con detención domiciliaria, 21 tienen sentencia y tres fallecieron, entre ellos el exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo. No hay información oficial de otros 61 casos. 

A decir del exdefensor del Pueblo y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, a cargo de la presentación, los datos ratifican que en Bolivia hay “ausencia de independencia de poderes” y “debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

Respecto al género de los perseguidos políticos 303 son varones y 44 mujeres en los tres gobiernos.

“La justicia es una razón de vida y el espíritu de esta investigación hace énfasis en la reflexión sobre las causas de la persecución política cuando la política debería ser altruista y los líderes deberían ser los mejores elementos humanos, los más solidarios, que deberían indignarse ante la injusticia“, enfatizó.

La presentación del informe fue comentada por la periodista Maggy Talavera y el abogado Carlos Derpic. La primera llamó la atención sobre la indiferencia de la gente, mientras el segundo remarcó que el Órgano Judicial se ha convertido en un “instrumento represivo del Estado”.

TIPOS DE VÍCTIMAS

Víctimas civiles: 126

Gobierno central: 97

Organizaciones cívicas: 53

Organizaciones sociales: 48

Alcaldías/gobernaciones: 12

Otros casos: 11

DELITOS

- Asociación delictuosa y organización criminal: 78 casos

- Daño y destrucción de bienes del Estado: 68 casos

- Destrucción/daño al patrimonio del Estado: 59 casos

- Terrorismo: 51 casos

- Tenencia y portación ilícita: 50

- Robo y robo agravado: 45

- Instigación públicar: 32

Se suman a la lista otros 11 delitos más.