Más de 500 ciudadanos de distintos departamentos, profesiones y actividades firmaron un pronunciamiento en el que exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejercer sus atribuciones constitucionales para brindar certeza al actual proceso electoral.

El documento expresa “una profunda preocupación por el curso que ha tomado el actual proceso electoral”, al que califican de estar marcado por “la judicialización de las candidaturas, la pasividad del órgano electoral y la erosión de la confianza ciudadana”.

Los firmantes aclaran que esta manifestación no proviene de ningún partido o grupo político, sino de una “voluntad cívica plural y autónoma” que interpela al TSE como “una institución clave del sistema democrático” y no como “un simple administrador técnico de comicios”.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la demanda de que el TSE defienda su rol como órgano del poder público, conforme al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, y actúe en base a principios como el de la preclusión, establecido en la Ley 026.

“El principio de preclusión existe, está vigente, y no necesita leyes adicionales”, señala el texto. En ese sentido, se exige que las decisiones ya tomadas en el proceso electoral no sean modificadas por resoluciones judiciales posteriores que “vulneren el derecho al voto y generen inestabilidad normativa”.

El pronunciamiento plantea además que el TSE se pronuncie “sin ambigüedades” sobre los efectos de la judicialización electoral; que garantice la participación plural de las fuerzas políticas habilitadas; que ratifique un cronograma previsible con reglas estables y sin interferencias ajenas; y que defienda activamente “el sentido del sufragio como expresión libre, directa y soberana del pueblo”.