El citado informe es fiel reflejo de la poca importancia que el Estado históricamente le ha otorgado a la justicia, toda vez que el presupuesto para el Órgano Judicial únicamente llega al 0,4% del PGN. En contrapartida, un soldador de YPFB gana Bs. 30.000; un gerente general de la AFP, Bs 103.027; mientras que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, en 2011, ganaba Bs 15.000, siendo que los supremos con ese sueldo deben sobrevivir en Sucre y más aún, sostener a sus familias que dejaron en sus ciudades de origen. 

Lo peor es que, a diferencia del pasado, hoy los jueces no pueden ser catedráticos, lo que podría paliar tal carencia salarial. Estas autoridades tienen la responsabilidad de resolver los casos más importantes del país y yo pregunto: ¿estarán exentas de corrupción con ese salario? Y para que podamos prever el tan mentado ‘cambio de la justicia’ que se daría a partir del 3 de diciembre de 2017, ¿será que las responsabilidades del soldador de YPFB o del gerente de la AFP, son iguales a las de los jueces que deben decidir sobre la libertad, el patrimonio, y demás derechos fundamentales del pueblo?.

Los jueces de primera instancia, con diez años de antigüedad, ganan aproximadamente Bs. 10.000, sin descuentos de ley y tienen que decidir sobre la libertad de narcotraficantes que manejan ingentes cantidades de dineros (fácilmente $us 100.000). Estos mismos juristas solo cuentan con la ayuda de un secretario y de máximo dos o tres funcionarios o algún otro supernumerario que debe trabajar sin salario esperando el ‘reconocimiento’ del litigante; ¿será que así podrán estar blindados ante la corrupción? Habrá algunos, pero el informe de World Justice Project y los comentarios del presidente y compañía, perdurarán, porque con este equipazo de problemas seguiremos peleando el campeonato de la corrupción mundial, con serias posibilidades de lograr el campeonato mundial.

Así y ya que la población ha sido informada de que a partir del 03/12/17 la justicia cambiará, lamento informar que eso no es cierto, porque las nuevas autoridades no tienen competencia legal para realizar los cambios profundos que necesitamos. Los únicos que pueden cambiar la justicia son los políticos en la Asamblea Legislativa y cualquier mudanza pasará por la piedra angular de la economía, a fin de que los jueces reciban salarios dignos en relación a sus funciones y para poder exigirles probidad. 

Cualquier ciudadano medio sabe que todo servicio de calidad exige buenos pagos. El descrédito de la justicia continuará creciendo y los actos de ajusticiamiento, como el de Pelechuco (La Paz) donde hasta hicieron un cabildo para determinar el linchamiento de dos sujetos acusados de robar autos, lastimosamente persistirán.