«El país necesita certezas y elecciones transparentes en los plazos que establece la Constitución», subrayó el TCP en su comunicado, haciendo un llamado a respetar el derecho a elegir y ser elegido como principio fundamental de la democracia. La institución advirtió que, ante las «constantes amenazas» de algunos actores políticos que buscan generar incertidumbre mediante acciones legales y movilizaciones, se mantendrá firme en garantizar el proceso electoral.

El tribunal instruyó a las Salas Constitucionales y Jueces de Garantías de todo el país a resolver con inmediatez cualquier recurso vinculado al proceso electoral, siempre en apego a la normativa vigente. Asimismo, el TCP se comprometió a priorizar y agilizar los procesos constitucionales bajo su competencia, asegurando que «en ningún caso» se afectará lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad en la materia.

Crítica a la judicialización de la política
El órgano constitucional también hizo un llamado a los actores políticos a «dejar de judicializar el proceso electoral» y, en cambio, enfocarse en presentar propuestas que atiendan las demandas de la población. «Preservar la democracia es responsabilidad de todas y todos», remarcó el TCP, subrayando su rol en la defensa del Estado de Derecho, un logro histórico de Bolivia.

Con este pronunciamiento, el tribunal busca cerrar cualquier interpretación contraria al cronograma electoral y evitar retrocesos en etapas ya superadas, garantizando que los comicios se desarrollen con transparencia y legitimidad. La decisión refuerza el mensaje de que la democracia boliviana no admite más dilaciones.