Los diputados opositores Gonzalo Barrientos y Amílcar Barral cuestionaron las reuniones que sostuvieron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con Evo Morales, según reveló el presidente, y adelantaron una petición de informe para que esas autoridades expliquen esos encuentros.
“El TSE es parte del teatro, parte de ese cuento del tío. El TSE debe asumir su responsabilidad para que se respete el voto del 21 de febrero de 2016 que ellos mismos han administrado. Exigimos que sinceramente expliquen lo que se manifiesta de las reuniones en la residencia del presidente, cómo se ha discutido en el anteproyecto y por qué se reunieron”, dijo Barrientos.
Mientras que Amílcar Barral dijo que la revelación del presidente deja en claro qué es lo que hacen los vocales fuera de sus oficinas y dijo que alarma saber que las reuniones se hubieran producido en la residencia presidencial y ni siquiera en Palacio, que son las oficinas públicas de la Presidencia del Estado.

Piden explicaciones

Barrientos añadió que envió una petición de informe escrito para tener los documentos de las reuniones.

Ninguno de los miembros del TSE salió ayer a dar su versión sobre el encuentro con el presidente Morales en la residencia de San Jorge.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, evitó mencionar el tema cuando fue consultado por la mañana respecto de las declaraciones del jefe de Estado.

Molestias de la ANP

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condenó ayer el anuncio del presidente de que seguirá adelante el proyecto de “ley de la mentira”. Así lo dijo en la entrevista que concedió el domingo a EL DEBER.

Para la ANP, el reiterado interés presidencial de crear una ley contra la mentira, a pesar de las advertencias sobre la vulneración de los derechos fundamentales, es un despropósito.
La institución que agrupa a los directores de medios de comunicación recuerda que la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la CIDH es explícita cuando señala: “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
Se trata del segundo pronunciamiento de la ANP sobre el tema en menos de un mes.

El presidente, por su parte, aseguró que los periodistas no tienen nada que temer con esta ley. Morales, en varias oportunidades, ha advertido con cambiar las leyes que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, pero nunca ha avanzado para concretarla más allá del anuncio.