Dunn denunció haber sido víctima de la burocracia judicial, ya que varios de sus procesos penales —algunos resueltos hace años— reaparecieron recientemente, entorpeciendo su habilitación como postulante.

“Manifestamos un alto nivel de colaboración por parte de las autoridades, tanto en el sistema judicial como en la misma Contraloría, porque al final de cuentas hay temas que no están claros, hay que resolverlos y, por supuesto, se está haciendo dentro de los plazos que tenemos que cumplir”, expresó el precandidato en declaraciones a Red Uno.

Lamentó, además, que la falta de seguridad jurídica en Bolivia genere incertidumbre electoral, ya que no existe garantía alguna de que una candidatura no pueda ser anulada arbitrariamente por fallos judiciales. Dunn insistió en que su equipo legal sigue trabajando para garantizar su participación en los comicios y asegurar la transparencia del proceso electoral.