Al menos 10 casos de corrupción enturbian la gestión del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Sobreprecios, presunto tráfico de influencias y millonarios contratos irregulares han sido denunciados por concejales y diputados cruceños. El burgomaestre insiste en que no hay problemas en la institución y arremete contra los periodistas.
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Desde 2014, la Alcaldía cruceña firmó millonarios contratos irregulares, denuncian diputados y concejales. Investigan presuntos sobreprecios y tráfico de influencias.
Al menos 10 casos de corrupción enturbian la gestión del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Sobreprecios, presunto tráfico de influencias y millonarios contratos irregulares han sido denunciados por concejales y diputados cruceños. El burgomaestre insiste en que no hay problemas en la institución y arremete contra los periodistas.
“La Alcaldía debe actuar de inmediato para dar con los responsables. Hay una denuncia escandalosa de un pago millonario para el mantenimiento de fuentes y no es la única. Está el caso las banderas, contratos por salones de té para eventos del Concejo, publicidad y otros”, manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD) por Santa Cruz Felipe Dorado.
Indicó que su partido ha presentado las denuncias respectivas. Pidió que el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia actúen con la celeridad con la que se procedió en el caso “Mochilas” en la Alcaldía de Cochabamba.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Henry Cabrera (MAS), informó que los casos están en investigación. “Estamos haciendo el seguimiento y vamos a asistir a las audiencias que sean necesarias para saber qué está pasando”, sostuvo.
Contratos millonarios
El 26 de agosto, el concejal de La Paz Jorge Silva advirtió de un “pago sospechoso” de más de 17.840.000 bolivianos en el mantenimiento de las 23 fuentes de agua emplazadas en el municipio cruceño. Con documentos en mano, sostuvo que desde el 2014 ese monto fue adjudicado en cinco contratos anuales a la empresa unipersonal de Juan C. Roca E.
“Es necesario que las organizaciones cívicas de Santa Cruz que tanto hablan de la lucha contra la corrupción investiguen estos casos que nos llaman la atención”, manifestó el edil paceño.
Según los contratos publicados en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) los trabajos de mantenimiento para la gestión 2014 fueron adjudicados por un monto de 1.784.000 bolivianos. En 2015 la suma subió a casi cinco millones de bolivianos y en 2016 bajó a 4.753.000. Para 2017 el contrato se redujo a casi la mitad con 2.311.000 bolivianos y en 2018 fue de 2.991.000 bolivianos.
En una entrevista con El Deber, el empresario aludido explicó que la diferencia entre los costos se debió a que eran necesarios cambios de piezas o refacciones. Manifestó que los precios fueron fijados por la Alcaldía.
Este caso es solo uno de los tantos que salieron a flote luego que el Ministerio Publico empezó una investigación por un presunto sobreprecio en la compra de 60 bandas protocolares para los 22 concejales de Santa Cruz. La denuncia que dio pie al proceso llegó en la primera quincena de agosto con varios documentos oficiales. Dos contratos publicados en el Sicoes dan cuenta que 25 de las cintas distintivas fueron adquiridos en 2016 y otras 35 en 2017.
Además del número de insignias, llamó la atención que cada una tuvo un costo de 1.400 bolivianos, sumando un monto total de 84.000 bolivianos. Aunque la secretaria administrativa del Concejo Municipal indicó que la compra de 2017 fue anulada, el Sicoes consigna como último documento de este proceso el acta de recepción definitiva.
El 16 de agosto, el diputado Wilson Santa María presentó ante el Ministerio Publico una denuncia en contra del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra por otro presunto sobreprecio en la compra de 165 banderas municipales y nacionales. El costo de esa adquisición asciende a más de 43.000 bolivianos.
“En el mercado, cotizando las banderas, sabemos que el precio apenas llega a 13.000 bolivianos”, sostuvo el legislador. Reveló que la empresa a la que se encargó el trabajo era Texlander Import y Export, la misma que vendió las bandas al Concejo Municipal.
Al momento ambos casos están en proceso de investigación y hay nueve funcionarios suspendidos. El concejal Jhonny Fernández señaló que esta sanción temporal no es suficiente.
Los Jazmines organizó la misa papal en 2015.
Durante las investigaciones aparecieron nuevos documentos que revelaron la contratación del salón de té “Los Jazmines” para los actos protocolares del Concejo y entregas de obras del alcalde desde el 2015. Las sumas sobrepasan los 1,7 millones de bolivianos.
Sólo entre el 17 de mayo y 14 de junio de 2017 la empresa se encargó de 12 actos protocolares en los que participó el alcalde. Por el servicio cobró 800 mil bolivianos.
En 2016, por actos conmemorativos y sesiones del Concejo -entre el 22 de julio y 31 de diciembre- el salón de té recibió 953 mil bolivianos y un tercer contrato señala que en 2015 por un acto en el Distrito 8 de Santa cruz fue remunerado con 40.000 bolivianos.
A la lista se añade 1.904.955 bolivianos por la organización de la misa papal oficiada por Francisco en 2015. Un detalle del servicio ofrecido da cuenta de que por los “combos de sandwich de jamón y queso más un jugo” se pagó 37 bolivianos la unidad.
“Pero, además de la comida, llama la atención que el salón de té se encarga de arreglos florales, tarimas, sonido, pirotecnia y hasta una orquesta sinfónica”, dijo Santa María.
Texlander y MAHS, “la pelamos”
Según la denuncia de Santa María, el representante de la empresa que se encargó de la confección de las bandas y las banderas, Texlander, es también el gerente comercial de MAHS SRL. En 2014, esta firma se adjudicó la producción de materiales publicitarios ediles por más de tres millones de bolivianos. Este es sólo uno de los contratos que concretó con el municipio cruceño.
Desde el 2012, la compañía figura como proveedora del Estado con siete servicios: promoción empresarial, publicidad en vallas, publicidad en pancartas, marketing de ventas, construcción de stands de feria, equipo de señalización y pilares de publicidad. Pero fue en 2014 que logró el acuerdo más importante y por el que el pasado 23 de agosto el alcalde de Santa Cruz fue convocado a dar un informe oral.
Ese año MAHS obtuvo la concesión de 1.492 puntos publicitarios en toda la ciudad por el lapso de 10 años. Es decir que podría administrarlos hasta el 2024, libre de tasas y patentes. Una de las condiciones era que el 30% de los espacios debería ser para la difusión de información municipal de forma gratuita. Sin embargo, hasta el 2017 la comuna continuó pagando a MAHS cifras altas de dinero por la prestación del servicio. El último contrato sobrepasa los dos millones de bolivianos.
“No es la primera vez que la pelamos, para aprender es pelándole”, manifestó el burgomaestre Fernández durante su informe ante el Concejo. No descartó hacer una revisión del convenio para ver si hay beneficio al municipio o no.
Un tercer caso de esta empresa que llama la atención es la construcción de 12 fuentes decorativas multidistritales por más de 2.504.312 bolivianos, servicio para el que no está habilitado en el Sicoes. En el contrato que data de 2014 figura como director de la obra el arquitecto Jorge Antonio Stratis Antelo. Empero, en una entrevista dada a Gigavisión el profesional negó haber sido parte del proyecto. Su queja llegó al Concejo en una carta en la que pide le aclaren el porqué se usó su nombre.
Fuente del Parque Urbano Central en la capital cruceña. Archivo digital
Extorsión, el cuñado y el dron
En el primer semestre de 2017 decenas de dueños de establecimientos económicos denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de funcionarios actuales y antiguos de la Alcaldía cruceña. Uno de los casos más mediáticos fue el de Verónica Mayta, dueña del local El Antojito, que presentó pruebas en contra de los ediles Jimmy Lino y Marco Antonio Barboza por el cobro de 16.000 bolivianos para regularizar su documentación. Pese a que hubo allanamientos, la Unidad de Transparencia los calificó como hechos aislados.
En marzo de 2016, la Policía se negó a recibir un dron comprado por la Alcaldía de Santa Cruz por no cumplir con las características y especificaciones técnicas solicitadas al municipio. El hecho abrió una investigación que evidenció un sobreprecio en el costo del artefacto que costó 3,7 millones de bolivianos.
Ese mismo año el senador Arturo Murillo denunció que Mario Brun P., empresario y cuñado de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, se había adjudicado dos contratos en 2014 y 2015. Pidió una investigación por el que él consideró era tráfico de influencias. Sosa lo negó.
“Estos hechos no pueden seguir en Santa Cruz. La Alcaldía está obligada a abrir sus puertas para que se investigue quiénes son estas personas que están aprovechándose de las contrataciones. La Contraloría debe actuar de inmediato ante tantas denuncias que salen a la luz”, dijo Dorado.
