El analista político Reymi Ferreira lamentó la pérdida de independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante los recientes amparos judiciales que afectan a partidos políticos. Ferreira afirmó que el TSE se ha convertido en un “apéndice” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que —según él— “maneja los hilos de las elecciones nacionales”.

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“Veo un profundo proceso de desinstitucionalización. Hemos llegado al extremo de que el Tribunal Supremo Electoral se ha convertido en un apéndice del Tribunal Constitucional. Para decirlo en una metáfora: es un florero. Ha perdido sus competencias o ha renunciado a ellas, que es lo peor”, señaló Ferreira en entrevista con Urgente.bo.

El exministro se refirió a los amparos constitucionales impulsados contra partidos políticos en el actual escenario electoral. Uno de estos casos es el de Peter Erlwein Beckhauser, quien viene interponiendo demandas contra distintas fuerzas políticas con el objetivo de que se les retire su personería jurídica y queden fuera de las elecciones del 17 de agosto.

“Cuando la justicia electoral, la jurisdicción electoral y las competencias del Órgano Electoral están marcadas por la Constitución —que habla claramente de coordinación e independencia de poderes—, se entiende que el Órgano Electoral debe tener la facultad de decidir sobre temas electorales, como la validez o no de un partido”, sostuvo.

Ante esta coyuntura, el TSE pidió “blindar” los comicios mediante la aprobación de la ley de preclusión, que aún no ha sido resuelta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, Ferreira considera que dicha norma no era necesaria, pues responde a un principio ya reconocido del derecho electoral, aunque puesto en duda por el TCP desde el año pasado.

“El Tribunal Constitucional lo puso en duda desde el primer momento en que aceptó algunas acciones sobre este tema. Ya rompió un principio fundamental del derecho electoral: la preclusión. Y como no lo respetó, el TSE planteó que la Asamblea Legislativa promulgue una ley expresa, precisa, que blinde este principio. Pero en realidad, no se necesitaba una ley, porque es un principio básico en cualquier país democrático en el marco de la independencia de poderes”, remarcó.

Ferreira lamenta que, ante este panorama, y con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda denunciar a actores del proceso electoral, se genere una inseguridad jurídica que debilita la legitimidad de las elecciones.

“Las denuncias ya se han normalizado. En cualquier momento, cualquier persona puede, por cualquiera de las múltiples vías que ofrece la jurisdicción constitucional, impedir, proscribir, anular o eliminar una candidatura o una sigla. Y eso es realmente grave porque genera inseguridad jurídica, y eso es lo que estamos viviendo ahora: una inseguridad jurídica que, al final, le quita legitimidad al proceso”, finalizó.