La democracia es un sistema de gobierno que reclama un Estado de Derecho que integra armónicamente los principios de paz, libertad y justicia. Romper este equilibrio implica caer en totalitarismos. 

En aras de la “paz” no se justifica el uso desproporcionado de la fuerza pública y la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. O en aras de la “libertad” justificar conductas arbitrarias y anárquicas que colisionan toda institucionalidad. Teóricamente, el tercer elemento: “la justicia” permitía ese equilibrio, otorgando libertad con legalidad, derechos con deberes y poder con responsabilidad.

Sin embargo, cuando la justicia se desvirtúa con el uso político del sistema judicial, especialmente del Tribunal Constitucional, perdiendo su imparcialidad, tecnicidad, celeridad e institucionalidad, termina minando el Estado de Derecho y el sistema democrático entra en crisis. 

Crisis que se agrava cuando se incurre en la judicialización de los procesos electorales, en una intromisión que afecta directamente en la conformación de los diferentes Órganos del Estado.

En 2021 se afectó la conformación del Órgano Electoral, al suplirse a los Vocales designados por el Órgano Ejecutivo. En 2024 la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional fue bloqueada con la interposición de acciones constitucionales que despojaron al Tribunal Electoral en su función de árbitro y colocaron al Tribunal Constitucional como decisor plenipotenciario de la contienda electoral. En 2025 se perfila una tendencia preocupante, el intento de judicialización anticipada del proceso electoral -que conformará el Órgano Legislativo y legitimará al Órgano Ejecutivo- con acciones que eluden la jurisdicción electoral y traslada la decisión de la contienda electoral a la arena judicial. ¿Acaso nos encontramos en un totalitarismo judicial que terminará por sepultar al sistema democrático y al Estado de Derecho? Acaso la democracia puede estar ¿en el banquillo de los acusados?   

Sin Estado de Derecho no hay democracia
Y qué implica un Estado de Derecho. Implica el respeto a la Constitución Política del Estado, las leyes y al ordenamiento jurídico de todas las personas, instituciones y autoridades pues nadie puede estar por encima de la ley. Para poder ser acatada, el andamiaje jurídico debe ser claro, previsible y aplicado con igualdad.    

No olvidemos que la igualdad ante la ley se construye desde la sujeción común a dichas reglas. Cualquier intento de colocar la justicia constitucional por encima de la autoridad electoral, como árbitro de los procesos electorales, desnaturaliza el sistema democrático.

Por ello, la separación de poderes es un principio fundamental del Estado de Derecho que implica un sistema de pesos y contrapesos de control mutuo que limita la concentración y el abuso de poder en cualquiera de ellos. Las autoridades se encuentran limitadas en su actuación a lo que la ley les faculta. Este principio de legalidad también pone un límite al poder arbitrario. 

En definitiva, el Estado de Derecho es el marco institucional que permite el despliegue del sistema democrático, con reglas claras, sin arbitrariedades, ni concentración de poder.    

En su dimensión sustantiva, la democracia exige el ejercicio real y efectivo de los derechos civiles y políticos, el funcionamiento independiente, imparcial y técnico de la justicia, la libertad de expresión y pluralidad de pensamientos, la autonomía del Órgano Electoral, el respeto al andamiaje normativo y la existencia de mecanismos institucionales que faciliten el consenso, canalicen el disenso y la resolución pacífica y oportuna de los conflictos. 

En su dimensión procedimental, la democracia requiere de procesos electorales regulares y transparentes que: respeten el sufragio universal y la participación política, promueva una competencia equitativa, con normas claras, predecibles y justas, cuyo cumplimiento esté asegurado por una autoridad electoral imparcial y con acceso efectivo a la justicia electoral, elementos que permitan la conformación legítima de las autoridades electas.       

Como ciudadanos que queremos vivir en democracia, tomemos conciencia que, sin reglas, no hay derechos que proteger, solo intereses partidistas sin cauce institucional. 

Una democracia sana se construye sobre reglas claras y tiempos definidos que aseguran que las elecciones se desarrollen con previsibilidad, transparencia y equidad. Uno de los principios que protege esa lógica es el de preclusión, tema que será abordado en la próxima entrega. Continuará…