“En los últimos días, hemos sido testigos de convocatorias a movilizaciones y acciones que no tienen como fin el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos, sino que se traducen en el intento deliberado de alterar el orden democrático, interrumpir el proceso electoral que se está desarrollando en nuestro país y forzar, además, la caída de un Gobierno constitucionalmente establecido en las urnas”, denunció en conferencia de prensa.

Ríos aseguró que el Gobierno está plenamente comprometido con la defensa de la democracia, la paz social y el estado de derecho, y advirtió que cualquier intento de sedición o sabotaje electoral será enfrentado con firmeza, dentro del marco legal.

“No permitiremos que intereses particulares, detrás de una candidatura inhabilitada y sin organización política legal, pretendan disfrazar sus fines como causas sociales. Estas acciones atentan contra la institucionalidad y la estabilidad del país”, afirmó.

Remarcó que el proceso electoral del 17 de agosto está plenamente garantizado por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

“El proceso electoral es un derecho de nuestro pueblo y su continuidad está garantizada por nuestra constitución política del estado y demás normativa vigente. Nadie, bajo ningún pretexto, puede impedir que el pueblo elija soberanamente a sus representantes. Nuestra democracia es fuerte, porque nace del voto y de la voluntad popular de nuestro pueblo y esa voluntad es la que vamos a hacer respetar como Gobierno nacional”, remarcó.

El ministro recordó también las palabras del presidente Luis Arce, quien denunció que existen sectores que buscan generar un “caos organizado” para acortar el mandato presidencial e impedir la realización de elecciones.

“El Gobierno nacional va a hacer respetar la democracia por sobre todas las cosas y el 17 de agosto habrá elecciones en nuestro país, les guste o no les guste”, enfatizó.

En este contexto, dijo que se instruyó a la Policía Boliviana a actuar con proporcionalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, pero también con la contundencia necesaria para garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional.

Ríos advirtió que cualquier persona o grupo que intente romper el orden democrático enfrentará consecuencias jurídicas y recordó que el Estado cuenta con los mecanismos legales y constitucionales para actuar ante estas amenazas.

“A quienes están promoviendo estos actos les recordamos con firmeza, la libertad de expresión y el derecho a la protesta son principios fundamentales de nuestra democracia, pero no permitiremos que este sea utilizado como escudo para atentar contra el orden público, la vida de las personas y las instituciones del Estado. Todo intento de promover la sedición, el sabotaje electoral o el derrocamiento del gobierno, por vías no democráticas, tendrá una respuesta firme dentro del marco de la ley”, subrayó.