Si Dios quiere, el gobierno decide administrar el Estado y los populismos de derecha e izquierda se quedan sólo lamentando su dispersión, el próximo 17 de agosto de 2025 se realizarán las elecciones generales, en las que elegiremos a los presidente, vicepresidente, senadores y diputados que en los siguientes cinco años tratarán de “desfacer entuertos”.

Se tratará de comicios en los que no hay un seguro ganador al contrario de los sucedido en las elecciones que se realizaron después de la primera victoria electoral del MAS en 2005: hay que recordar que en las de 2009 y las de 2014 se daban por seguro el triunfo de Evo Morales y Álvaro García.

La situación comenzó a cambiar en 2019, cuando el mismo binomio volvió a terciar pese a que la ciudadanía se opuso a esa candidatura mediante referendo constitucional. Pero, esa vez sólo pudo declarase ganador luego de un escandaloso fraude electoral para luego ser echado del poder y fugar al exterior.

En 2020, el escenario electoral tendió a recuperar su calidad competitiva, pero la cuestionada gestión presidida por Jeanine Áñez, la pandemia y la incertidumbre generalizada, hicieron que el MAS pudiera recuperar, con mayoría absoluta, el poder. Sin embargo, el MAS ya había cumplido su ciclo político y aunque su agonía esté durando demasiado, parece que ahora están dadas las condiciones para que en las elecciones del 17 de agosto haya veraz competencia política y la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir la propuesta (de candidato y plan de gobierno) que considere que responde mejor a sus intereses y percepciones.

Se han inscrito en la carrera electoral 10 organizaciones, con sus respectivos candidatos. De hecho, la mera presentación de postulantes a todos los puestos vacantes ya conforma un ejército de adherentes; por tanto, no debiera asombrar (así moleste) que pululen en ellas parientes, cofrades y compadres/comadres de los principales dirigentes.

En este requisito inicial, muchos se han desgarrado las vestiduras por los cambios de último momento introducidos en las listas, pero es una situación que se repite aquí y en Cochinchina, porque no hay que olvidar que se está disputando el poder político del país y así presumamos, como corresponde, la buena voluntad de los candidatos, ese afán de poder es gravitante.

En fin, hasta que se cierren los plazos se presentarán varios cambios más, muchos impactantes. Y no nos asombremos, porque esto es parte de la acción política en democracia… aunque también se da en dictaduras, con la diferencia de que en éstas surgen de las sombras y responden no al afán legítimo de cada ciudadano de acceder al poder político, sino a los intereses de los mandamases, disfrazados con caretas de cualquier tipo (normalmente “el interés popular”).

Lo importante es que estamos caminando hacia el 17 de agosto con la esperanza de que los líderes y adherentes del MAS, como en 1982 hicieron los militares, acepten y respeten el veredicto ciudadano y tengan la capacidad de controlar los devaneos de su principal líder y mentor.

Pero, por más optimista que sea este columnista, no puede asegurar que todo sea color de rosa. Hay factores que pueden cambiar el color. Entre ellos que una consecuencia de la hegemonía masista ha sido desacreditar el debate político-ideológico, reduciéndolo a presentar propuestas maniqueas que poco o nada sirven salvo para reproducirse a como dé lugar en el poder, generando, a su vez, una oposición (o varias) que se han concentrado sólo en sacar del poder a este partido (esto, en medio, además, del surgimiento de corrientes populistas extremas de izquierda y derecha a nivel planetario abiertamente antidemocráticas).

Otro aspecto que obstaculiza el buen desarrollo del proceso electoral es la desinstitucionalización del Estado que ha provocado el MAS, terreno fértil para incentivar el caos y la violencia.

Un tercer elemento a considerar es que ambos extremos ideológicos se han dispersado y sus mentores saben que los resultados que obtendrán el 17 de agosto no les serán propicios. Por tanto, aparecen cuestionamientos al proceso electoral no para mejorarlo, sino para subvertirlo; propuestas de cambios legales a la normativa electoral imposibles de concretar; campañas de difusión de información falsa a través de las redes para descalificar candidaturas y programas, afectando incluso a las dignidades personales… todo, para generar ansiedad y deslegitimar el proceso electoral porque no les permitirá acceder o mantenerse en el poder.

Adicionalmente, la crisis económica se profundiza sin que el gobierno dé muestras de querer aminorarla, desoyendo, para peor, las demandas y propuestas de la sociedad para adoptar políticas de corto plazo que permitan pasar el momento.

Pese a esos inconvenientes y otros que se irán presentando renovemos la convicción de que se deben hacer los mayores esfuerzos para llegar al 17 de agosto en condiciones tales que la gente escoja a la alianza y candidatos de su preferencia y que éstos correspondan condignamente a la confianza depositada para, reitero, desfacer entuertos y reencarrilar el país en la senda de la democracia y el desarrollo.