En declaraciones a Panamericana, Ávila calificó como “totalmente falsas” esas acusaciones y explicó que el objetivo de la norma es fortalecer el marco legal del proceso electoral, no limitar el control ni la fiscalización ciudadana.

“El proyecto de ley no pretende blindar ninguna acción. Su contenido está alineado con los principios de legalidad y transparencia establecidos en la propia ley electoral”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que las elecciones generales previstas para agosto de este año contarán con amplios mecanismos de control que impedirán cualquier tipo de irregularidad.

“En Bolivia no se puede hablar de fraude con tanta ligereza. Estamos abiertos a auditorías y a aplicar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso limpio”, añadió.

Finalmente, el vocal expresó su confianza en que la Asamblea Legislativa trate con responsabilidad el proyecto de ley 428 y otras normas aún pendientes, con el fin de asegurar un proceso electoral confiable y legítimo para toda la ciudadanía.