Al respecto, aprovecho la cotidianeidad para traer a colación que uno de aquellos DDHH más violados por los juristas del horror que sirven al régimen, es el de igualdad. Este derecho, proclamado por absolutamente todos los IIII de la materia y por la CPE (aunque suene a exotismo) cuando ordena que todos los seres humanos tenemos personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes, sin distinción alguna y, hasta prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación e incluso, la administración ha obligado para colgar coquetos letreritos con la prosa: todos somos iguales ante la ley.

Pero, como Goethe había escrito alguna vez, la ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor. Ocurre que el régimen ha generado, so pretexto de revolución (léase robolución), tal descomposición institucional al pretender poner a todos a su servicio, incluyendo a quienes debieran frenar sus delirios totalitarios, de forma que hoy, aquel pomposo Derecho Humano de igualdad que debiera traducirse en evitar un trato diferenciado a quienes están sujetos a similar condición, es arteramente vulnerado por quienes —en el papel, que lo soporta todo— deben garantizarlo, incluso como esencia misma de su existencia funcional.

A la prueba me remito: a inicios de la semana anterior, un policía falleció en un enfrentamiento con cocaleros —no de la republiqueta del Chapare, por supuesto— sino de los Yungas, en medio de la erradicación de la materia prima de la blanca. Inmediatamente la Policía del régimen “resolvió” el caso y los fiscales —del régimen también, no de la sociedad— imputaron al dirigente del ramo, dicen por “autoría intelectual” del crimen y, no faltó un juez, que por supuesto faltaba más, lo detuvo ipso facto.

Tres días después ocurrió, en similares circunstancias, lo inverso. La Policía causó la muerte de dos cocaleros, el Comandante de los verde olivo inmediatamente indicó que se trataba de un caso de “legítima defensa” (¿le habrán explicado en qué consiste y cómo opera ese instituto?) y… la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada efectivo que se sepa, menos imputar o siquiera sacarle la lengua, al alto cargo, por supuesto gubernamental, que siguiendo la “teoría del caso” anterior, tendría que ser pues también el “autor intelectual” de aquellas muertes.

¿O es que acaso nos creen tan brutos, que no advertimos, por lo menos, que un operativo policial de esa naturaleza se realiza con base a una orden del Ministro del ramo, del Comandante del organismo que lo realiza tanto a nivel nacional como departamental y del que finalmente cumple la orden y la ejecuta? ¿No serían, siguiendo el razonamiento usado para imputar al Jefe cocalero de los Yungas, aquellos funcionarios los “autores intelectuales”? ¿Será que en el descompuesto pluri existen muertos de 1ª y 2ª? ¿La ley se aplica a todos por igual o depende si eres aliado del régimen o no? Es que: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad” (Bolívar).