En Bolivia, la expectativa por las elecciones nacionales de agosto de 2025 se ha visto empañada por una creciente incertidumbre generada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La falta de claridad y la aparente omisión en la aplicación de la normativa vigente han generado dudas tanto en la población como en las organizaciones políticas, poniendo en jaque la legitimidad del proceso electoral que se avecina.

Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de información por parte del TSE respecto a la otorgación de personalidades jurídicas a los partidos políticos. La normativa establece plazos claros para este proceso, pero al parecer, el Tribunal no ha informado de manera oportuna cuáles son las organizaciones que cumplen con los requisitos y cuáles no. Esto ha llevado a que partidos que supuestamente han perdido su personalidad jurídica en comicios anteriores, aún participen en elecciones subnacionales, generando confusión sobre su estatus legal y su derecho a participar en las próximas votaciones nacionales.

Además, la ausencia de una comunicación clara y oportuna sobre qué organizaciones incumplen la normativa y cuáles están habilitadas para participar, abre la puerta a posibles impugnaciones y amparos constitucionales. El TSE ha abierto la posibilidad de iniciar acciones y recursos jurídicos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría condicionar la participación de varios partidos y, en consecuencia, afectar la legitimidad del proceso electoral. Esta situación genera un escenario de incertidumbre que preocupa a muchos actores políticos y a la ciudadanía en general, que anhela transparencia y legitimidad.

Es importante recordar que el TSE ha tenido cinco años para preparar un proceso electoral que garantice plenamente la legalidad del sufragio. Sin embargo, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones públicas prevalece, las señales emitidas por el Órgano Electoral parecen más bien favorecer la judicialización de este sistema. Esto, en lugar de fortalecer la confianza en la democracia, puede profundizar las tensiones y abrir la puerta a intereses políticos que buscan preservar su influencia en el poder. 

En estos tiempos complejos, la transparencia y la comunicación clara son fundamentales para fortalecer la confianza en la estructura electoral. La falta de información y la posibilidad de que decisiones judiciales condicionen la participación de partidos políticos solo aumentan la incertidumbre y el riesgo de que las elecciones de 2025 no reflejen la voluntad popular de manera legítima.

Es crucial que el TSE asuma su responsabilidad con mayor transparencia y claridad, garantizando que todos los actores políticos tengan la misma oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Solo así Bolivia podrá avanzar hacia un proceso electoral que sea verdaderamente democrático, legítimo y aceptado por toda su población.