“Ya hemos superado la fase de registro de organizaciones políticas y nos encontramos en la etapa de habilitación de candidaturas. A estas alturas, debe haber plena certeza de que los frentes políticos no enfrentarán inconvenientes legales en el proceso”, explicó Vargas a Unitel, en referencia a las observaciones legales presentadas contra la mayoría de las fuerzas en carrera.

El TSE confirmó la inscripción de binomios por parte de diez organizaciones políticas, aunque una de las listas se encuentra en revisión. Vargas recordó que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es la entidad responsable de supervisar la democracia interna de los partidos, y que cumplió con su función mediante resoluciones sobre vigencia de directivas y la adecuación de estatutos partidarios a las normativas vigentes.

Más de diez demandas están actualmente en curso contra nueve de las diez organizaciones registradas, en su mayoría relacionadas con aspectos internos.

El pasado jueves, el TSE reiteró su compromiso con la realización de elecciones generales este año y pidió a los jueces constitucionales que respeten la Constitución Política del Estado y las competencias del OEP al abordar los procesos legales en curso.

Aunque Vargas aseguró que el cronograma electoral no está en riesgo en este momento, advirtió que la falta de decisiones oportunas podría incluso poner en duda la fecha de la votación. Subrayó además que el incumplimiento de resoluciones legales puede derivar en sanciones penales, lo que afectaría el desempeño de las autoridades electorales.

Para garantizar la transparencia del proceso, el TSE propuso un paquete de seis leyes destinadas a “blindar” las elecciones. Hasta ahora cuatro fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y están pendientes de tratamiento en el Senado. Entre ellas, una busca incluir a los vocales del TSE en el alcance de la Ley 044 sobre Juicio de Responsabilidades, aunque esta norma permanece estancada en la Asamblea Legislativa.