El vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que el calendario del proceso electoral presidencial ya tiene un avance considerable y, en ese marco, consideró que a estas alturas ya no deberían presentarse ni surgir ningún recurso legal que este vinculado con la votación.

“En este momento ya hemos superado la fase de registro de las organizaciones políticas, estamos en la etapa de habilitación de candidatos y ya se debiera tenerse total certeza y certidumbre de que todos los partidos políticos que presentaron candidatas y candidatos no van a tener ningún tipo de problema en este proceso”, sostuvo en referencia a los recursos planteados contra una gran parte de las organizaciones políticas, en una entrevista con Unitel

El TSE confirmó que 10 organizaciones políticas presentaron a sus binomios, aunque el registro de una de las listas está en suspenso.

Además, Vargas remarcó que la entidad competente para resolver, regular, fiscalizar, supervisar y fortalecer la democracia interna de los partidos políticos es el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y esta instancia ya cumplió su labor, con resoluciones de ampliación de vigencia de directivas o el control para que los frentes cumplan con la adecuación de los estatutos a las normas vigentes.

Este tipo de aspectos fueron citados en las más de 10 demandas que están en curso contra nueve de los 10 partidos que están en carrera electoral.

El jueves, el TSE reafirmó su “compromiso” para “garantizar la realización de las elecciones generales” de este año y, en ese marco, “exhortó” a los jueces constitucionales que tratan los casos contra los partidos a “actuar en apego de la CPE (Constitución Política del Estado) y respetar las competencias del OEP”. Ante ello, el mismo día Vargas dijo que “si no hay garantías para el proceso electoral, es mejor irse”.

Vargas señaló que “en este momento no está en riesgo” ninguna actividad del calendario electoral; sin embargo, alertó que si pueden estar “si es que no hay decisiones de manera oportuna”.

En esta línea, señaló que los vocales entienden que hay previsiones legales que establecen que el cumplimiento de las resoluciones legales y constitucionales son obligatorias.

“En caso de que no cumplamos, pues vamos a ser sujetos de persecución y una serie de acciones penales que puede afectar incluso el ejercicio de nuestras funciones”, sostuvo.