Una acción popular planteada ante el Tribunal de Justicia del Departamento de Santa Cruz busca anular la personería jurídica de los frentes Morena y APB-Súmate, además, una denuncia dirigida ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene el mismo propósito en referencia a Unidad Nacional (UN).

La presentación de estos recursos se da en medio del proceso electoral que vive Bolivia, que recientemente cumplió la actividad número 20 que era el registro de binomios y candidatos de partidos políticos y alianzas ante el TSE.

La acción popular fue interpuesta por Humberto Vidaurre en contra de los vocales del ente electoral, la que afecta a Morena que tiene como candidata a presidencia a Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y a APB-Súmate que postula a Manfred Reyes Villa.

“Conforme en art. 13, numeral III de la Ley 1096 de Ley de Organizaciones Políticas, hay dos partidos políticos que se han postulado para habilitar su participación a pesar que no pueden ser habilitados para intervenir en las elecciones generales 2025”, señala parte del memorial, citado por Unitel.

El memorial indica que, en fecha 5 de diciembre de 2024, APB - Súmate, recibió su personería jurídica y que, al 3 de abril de 2025, son 119 días calendario, por lo que supuestamente incumple el plazo mínimo de los 120 días.

En el caso de Morena, el documento señala que el 12 de febrero de 2025 recibió la aprobación de su personería jurídica y que al 3 de abril son 50 días calendario, por lo que tampoco se cumplen los 120 días calendario.

Según la candidata por la alianza Libre, Paola Barriga, la acción popular no sería válida porque Vidaurre no es abogado, al menos no tiene su Registro Público de Abogacía (RPA), por tanto, el recurso ni siquiera debería ser admitido.

“En realidad (el recurso) es político, van a tratar de desmarcar a otros frentes pese a que estamos en un país donde hay libertad de elegir y decidir”, señaló.

Sin embargo, ya se fijó fecha para resolver esta acción popular para el 23 de mayo.

Entre tanto, Jhonny Téllez Mamani presentó una denuncia ante el TSE para anular la personería jurídica de UN, principal sustento de la alianza Unidad que postula al empresario Samuel Doria Medina a la presidencia.

La acusación es participación institucional en acciones de racismo y violencia contra la mujer.

La acción se sustenta en el artículo 58, incisos f) y g) de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, que establece como causales de cancelación la difusión de mensajes contrarios a los principios constitucionales y la comisión de faltas graves, como expresiones de carácter discriminatorio.