Este es un problema muy serio. Toda una escuela de análisis ha demostrado que el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia están muy vinculados a la confianza en las instituciones y, por supuesto, a la confianza interpersonal. La confianza, dicen, crea un entorno que favorece la inversión, las innovaciones y la planificación del futuro. Y a medida que se alcanzan niveles superiores de vida, productividad y satisfacción, tiende a aumentar la confianza. Por lo tanto, la confianza es tanto una causa como un efecto que así como impulsa el progreso también lo representa.

Quienes administran las instituciones deberían prestar especial atención a este tema. Su deber no se reduce a ejecutar un presupuesto, entregar servicios o cumplir funciones, sino que deben hacerlo de una manera tal que contribuyan a aumentar la confianza de la gente.

Para la democracia es crucial el papel que juega el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su condición de árbitro de la competencia política. Los miembros del TSE han sido designados por la Asamblea Legislativa, que es uno de los órganos de poder que menos confianza despierta en la gente. En parte, debido a que lo controla un solo partido gobernante, que pese a haber obtenido el 61% de los votos logró copar el 78% de los curules gracias a que los votos rurales tienen una ponderación mayor a los urbanos. Con esa proporción, el MAS impone su voluntad sobre la oposición y con frecuencia ignora iniciativas, argumentos y propuestas.

Esto hace que la gente crea que todos los que la Asamblea designa son funcionarios obedientes de la misma. No es así. Una vez elegidas, las autoridades de estos órganos solamente deben obediencia a la ley y a su conciencia. Que lo hagan o no dependerá de su integridad moral. Es evidente que hay ejemplos de autoridades que no entendieron su responsabilidad y han actuado más en consonancia con su interés político que con el mandato de la ley. Pero hay otros que han actuado con independencia de criterio.

El Tribunal Electoral garantizó la victoria del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y promovió la auditoría del padrón, como lo exigió la población. Y aunque no se ha pronunciado sobre la intención del Presidente para postular a un cuarto mandato, expresamente prohibido por la Constitución y rechazado por referéndum, ha dicho claramente que cuando llegue el momento se sujetará a lo que dispone la ley y a lo que manda la Constitución.

No hay razón para suponer que los magistrados del TSE actuarán de otra manera. Su presidenta, Katia Uriona, tiene una trayectoria limpia en la defensa de los derechos de las mujeres y de la democracia. Don Antonio Costas ha ocupado con responsabilidad cargos similarmente sensibles. José Luis Exeni tiene toda una carrera por delante para la cual se ha preparado con rigor. Y Carmen Sandoval ha sido formada por su padre, Isaac Sandoval, y seguramente reflejará su adhesión a la democracia cuando le toque tomar decisiones cruciales. No conozco a los otros magistrados, pero seguramente ellos también saben lo que significa el juicio de la posteridad y la importancia que tiene demostrar que la mayor muestra de respeto por la democracia es la obediencia a la ley.

La nueva Ley de Partidos, propuesta por el TSE y modificada por la mayoría oficialista en la Asamblea, representa un desafío para los magistrados. Ellos lo saben y lo han dicho. Personalmente, confío en que no se dejarán arrastrar por la interpretación arbitraria de sus pares del Tribunal Constitucional y actuarán conforme a ley. Apoyémosles para que lo hagan.