El proceso electoral en Bolivia podría estar en riesgo por el creciente volumen de acciones judiciales que involucran a partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así lo advirtió el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien confirmó que existen al menos 10 acciones legales en curso y que se han anunciado cinco más.

Tahuichi explicó que las acciones son de diversa índole: amparos constitucionales, acciones populares, de cumplimiento y de libertad. Algunas apuntan directamente al TSE, otras lo involucran como tercer interesado, así como también se enfocan en anular a ocho organizaciones políticas que toman parte del proceso electoral

“Algunos somos directamente accionados, otros somos terceros interesados y otros, mal o menor, igual somos accionados”, precisó la autoridad respecto a la situación de los vocales y de las organizaciones.

Las 10 acciones en curso

Tahuichi explicó que entre los recursos hay un amparo constitucional contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que le dará su sigla a Andrónico Rodríguez, el cual debe resolverse este jueves. A esto se suma una acción popular contra APB Súmate y Morena, presentada por Omar Barrientos.

Asimismo, hay dos acciones de cumplimiento presentadas por el ciudadano boliviano-brasileño, Peter Erlwein Beckhauser, aunque una fue desestimada. Mientras que también hubo una tercera contra el MAS-IPSP que fue retirada.

Tambièn hay un pedido para cancelar la personería jurídica de Unidad Nacional, partido que es parte de la alianza Unidad, que encabeza Samuel Doria Medina. Otro tema también se centra en una acción popular de Humberto Claros contra ocho partidos.

Por último, hay una acción de cumplimiento por transfugio en Santa Cruz y un recurso contra una resolución vinculada al proceso electoral. A esto se suman tres denuncias de cancelación de personería jurídica contra los partidos MTS, PDC y UCS, que ya están en el TSE.

Según el vocal, las acciones legales pueden presentarse incluso “el día mismo de la elección o del cómputo oficial”, tema que genera una enorme inseguridad jurídica y “pone en riesgo el proceso electoral”.

Tahuichi agregó que cualquier resolución que adopten las salas constitucionales no será definitiva, pues todas pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que podría cambiar el curso de las decisiones. Además, apuntó directamente a la Asamblea Legislativa por no blindar el proceso electoral a través de una normativa adecuada.

ese a esto, el vocal lamentó que no se ha tomado contacto formal con el TCP.