El oficialismo se adelantó a las plataformas ciudadanas y les ganó una batalla importante en contra de su lucha por la defensa del resultado del referéndum del 21-F, que le dijo No a una nueva repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Las agrupaciones admitieron que fueron sorprendidas y que no alcanzaron a movilizarse para evitar la aprobación de la ley de partidos, que fija primarias para enero y establece sus resultados como vinculantes al proceso electoral, con lo que aseguran que el Gobierno sacó de la manga otro marco de ‘legalidad’ para la repostulación presidencial.

EL DEBER conversó con dirigentes de diez plataformas ciudadanas. Ellos asumen el golpe con resignación, admiten que la estrategia del Gobierno los dejó mal parados, pero coinciden en que aún darán pelea y que la estrategia es unir causas de lucha con sectores como los cocaleros de Yungas, los gremialistas y otros.

El activista Iván Arias reveló que con la nueva ley sancionada el viernes en la Asamblea no pierden las plataformas ni los partidos, sino la democracia.

“El MAS está dispuesto a quedarse cueste lo que cueste. Así lo demostró, por lo tanto, eso es lo que debemos enfrentar”, dijo.

En negociaciones que se realizaron en los últimos días, apostó por articular la lucha ciudadana, por el respeto a la Constitución, con la de los cocaleros y los sectores gremiales, aseveró el dirigente. Los cocaleros buscan hacer respetar sus cultivos y desde el lunes ingresarán a La Paz para buscar la liberación del presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez. Los gremiales pelean contra el perdonazo, “que busca recaudar Bs 1.000 millones para el doble aguinaldo y quedarse. Marcharemos juntos por el respeto a la CPE y el voto”, dice Arias.

Durante una entrevista con EL DEBER, en febrero, el vicepresidente Álvaro García Linera identificó a Arias entre un grupo de dirigentes, gente “que militaba en la izquierda, que no encontró reconocimiento ni espacio para consolidar su liderazgo y que ahora está al servicio mercenario de fuerzas conservadoras”.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, comentó que las plataformas y los sectores deben tomar en cuenta que si se unen asumirán “una actitud delincuencial”.

Explicó que así lo harían porque “utilizarán para una supuesta reivindicación un problema que está en la justicia, e implica a un dirigente que cometió delitos, como Franclin Gutiérrez”.

La autoridad admitió que se unirían los gremiales y la UPEA, “pero con el objetivo de generar escenario de convulsión” y cuestionó: “¿A eso se treparán las plataformas ciudadanas?”.

Jaques de ida y vuelta

El grito de Bolivia dijo No, promovido por plataformas, incomodó a los dos mandatarios durante distintas apariciones públicas todo este año.

En la inauguración de los Juegos Deportivos Suramericanos los asistentes hicieron escuchar la frase en las graderías. Un grupo de activistas irrumpió en la plaza 24 de Septiembre en junio cuando el vicepresidente estaba en el lugar. Activistas bolivianos han interceptado al presidente durante sus visitas.

Esta semana, los colectivos se hicieron oír cerca de la puerta del hotel donde Morales y un ilustre visitante, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaban reunidos.

La molestia del primer mandatario, que tiempo antes dejó de compartir su agenda pública con los medios de comunicación para evitar estos desagradables encuentros, llegó a su punto máximo el 6 de agosto en Potosí, donde acortó su informe porque asambleístas opositores le gritaron al oído el “Bolivia dijo No”.

El gigantesco operativo, en el que la Policía montó casi desde el día anterior tres aros de seguridad con el objetivo de aislar la plaza 10 de Noviembre, donde este medio comprobó que solo había funcionarios públicos y sectores afines, no sirvió de nada. El Gobierno estaba en jaque.

El Órgano Electoral presentó la norma de partidos y la semana pasada, el oficialismo vio en esta normativa una oportunidad para contraatacar. Comenzó su tratamiento adicionando las primarias y el vínculo de sus resultados con las elecciones presidenciales, con lo que disparó al corazón de la demanda de quienes defienden el resultado del 21-F.

Esta jugada, que tuvo oportunidad y rapidez como virtudes, dejó paralizadas a las plataformas, porque simplemente no reaccionaron, pese a que se convocó a la reunión que se realizó el sábado en Sucre. Ese encuentro arrancó ya con la leche derramada sobre la mesa, porque la ley ya fue aprobada por ambas cámaras en el Poder Legislativo. Por eso ahora, jaque del Gobierno.

Jessica Sülzer, vocera de Resistencia Republicana, admitió de entrada que “hubo descoordinación” y fue “muy difícil” coordinar “una sola acción contundente a nivel nacional” para contrarrestar el tratamiento de la ley recién aprobada.

“Es cierto, esta ley nos ha sorprendido, nos hemos declarado en estado de emergencia, pero nada más”, dijo por su parte Silver Reyes, de Resistencia Civil de Cochabamba.

El activista admitió también que la norma “nos sepulta la lucha por el 21-F”, porque consolida “una forma más de ‘legalizar’ la repostulación”.

El dirigente Miguel Bazoaldo, de Iyambae libres e independientes, aseguró que originalmente la ley de partidos que presentó el TSE “era muy buena”. Pero la modificación, “y especialmente el artículo 29, que menciona el término vinculante, nos presiona mucho”.

Además, denunció que las elecciones primarias a las que deben someterse todos los partidos autorizados en enero son “un enganche que nos coarta toda participación a las plataformas en las elecciones de 2019 como una propuesta independiente”.

Remarcó que la normativa apunta a que solo los partidos con personería pueden presentarse como opciones políticas para las elecciones del próximo año. “Como plan B ahora buscamos consolidarnos en un solo frente con la personería del FRI, y la otra es seguir la defensa en la calle”, acotó Bazoaldo.

Este punto desvela que no todas las plataformas tienen un objetivo político. Nancy Nallar, de Las Cuñas, comentó que nada cambia, porque su plataforma no tiene intereses políticos, sino ciudadanos. “Nosotros continuaremos con nuestra lucha, que es clara y pacífica: impedir a toda costa la postulación de Morales”.

Beto Astorga, del colectivo Otra izquierda es posible, en esa misma línea, anuncia que la trampa está en obligar a los dirigentes a afiliarse a cualquier partido político para participar en las elecciones generales, buscar espacios de poder y olvidarnos del 21-F. “Eso no ocurrirá”.

Eduardo Rodríguez, de SOS Bolivia, ve además que existe un gran divorcio entre la sociedad y los partidos políticos.

Hay divergencias también entre ellas, porque no coinciden en ver con buenos y malos ojos la postulación de posibles candidatos. Por ello, están en busca de nuevos elementos aglutinadores que les permitan enfrentar al adversario.