En el segundo día de la revisión de los requisitos de los precandidatos de las organizaciones políticas, surgió una ola de demandas judiciales entre denuncias, acciones populares, acciones de libertad y amparos constitucionales, todos contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que exigen cancelar la personería jurídica de al menos nueve partidos políticos de alcance nacional bajo el supuesto general de que éstos no se adecuaron a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Desde el TSE alertan que las elecciones están en riesgo.

Los únicos que se salvan de las denuncias son el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Nueva Generación Patriótica (NGP).

Las diversas demandas judiciales son en contra de: Acción Democrática Nacionalista (ADN); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Autonomía Para Bolivia (APB- Súmate); Unidad Nacional (UN); Movimiento Demócrata Social (Demócratas); Movimiento de Renovación Nacional (Morena); Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Cuatro de esos recursos fueron presentados en tribunales judiciales de Santa Cruz, dos en La Paz, uno en Beni, uno en El Alto, además que llegaron denuncias directas al TSE.

Al respecto, el vocal del ente electoral Tahuichi Tahuichi, alertó que, como en las elecciones judiciales de 2024, el Órgano Electoral es blanco de un “acoso judicial” que pone en riesgo la realización de los comicios programados para el 17 de agosto. La autoridad responsabilizó de este riesgo democrático a los legisladores, muchos de ellos precandidatos, que hasta la fecha no aprobaron la ley de preclusión.

“Estamos ante este acoso judicial, estamos en el medio de este fuego cruzado que pone en riesgo la elección presidencial. Yo señalo a los culpables que son los parlamentarios de la Asamblea Legislativa por no blindar las elecciones generales, tampoco están blindando la elección subnacional”, protestó Tahuichi en contacto con EL DEBER.

Y ante esta ola de acciones judiciales admitidas contra los vocales del TSE, por distintas salas constitucionales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), guardan silencio.

Asedio Judicial

Los primeros recursos judiciales que se conocieron el 19 de mayo, fueron contra el MTS que lidera la Alianza Popular que postula a Andrónico Rodríguez, cuya candidatura está en suspenso. Las denuncias admitidas por el sistema judicial llegaron desde tres tribunales departamentales: Santa Cruz, La Paz y Beni. Aunque la de Santa Cruz ya rechazó, ayer de forma simultánea, las salas constitucionales de La Paz y Beni definirán la suerte del MTS.

Y los otros partidos no corren con mejor suerte ya que ayer se confirmó que el ciudadano cruceño de ocupación ‘comerciante’, Humberto Vidaurre Castillo, presentó en tribunales de justicia de Santa Cruz, una Acción Popular contra todos los vocales del TSE a quienes exige que se anule la personería jurídica de siete partidos vigentes: ADN, MNR, PDC, UN, Demócratas, Súmate y Morena.

Además de dichos partidos exige la nulidad del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y del Frente Para la Victoria (FPV), a pesar de que el TSE anuló la personería jurídica de ambos por una denuncia presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, quien figura como candidato de la alianza Unidad.

La Acción Popular de Vidaurre acusa a todos esos partidos de incumplir la Ley 1096 y que los vocales del TSE habrían permitido las vulneraciones.

“La presente acción popular impugna la legalidad en el desarrollo del cursante Proceso Electoral de Comicios Generales a verificarse el 17 de agosto de 2025, el mismo que se ha dado inicio el 3 de junio de este 2025 (sic)”, se lee en la página 6 de la Acción Popular admitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de  Santa Cruz.

El recurso fue admitido en juzgados cruceños el 8 de mayo y esa misma fecha se fijó la audiencia —‘mediante la plataforma virtual’— para este viernes 23 de mayo desde las 14:00. Y recién ayer, miércoles 21, se notificó al TSE, en La Paz, según la documentación a la que tuvo acceso EL DEBER.

Aparte, existen otras denuncias ante el TSE. Una de ellas fue presentada por el abogado del FPV, Wilmer Vásquez, contra UN, de Samuel Doria Medina, a quien acusa de presuntos actos de racismo, que de acuerdo al artículo 58, inciso H, de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), es una causal para anular la personería jurídica de UN, que es la base de la alianza Unidad.

RIESGO ELECTORAL

- Contra el partido de Jhonny

UCS también es blanco de denuncias, una de ellas llegó hasta el TSE por presunta falsificación de firmas en el informe económico presentado ante ese órgano. La diputada denunciante es Senaida Rojas (CC) y exige anular a este partido.

- Rechazo de UN y Súmate

Los partidos Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y Súmate de Manfred reyes Villa, por separado, rechazaron enfáticamente estas acusaciones. UN ve una ‘judicialización de las elecciones’ por intereses oscuros y Súmate asegura que todo su actuar es legal.