Jorge Quiroga añadió más conflicto al Bloque de Unidad al mandar una dura carta en la que advierte al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la encuesta que debe definir el candidato es pagada por Samuel Doria Medina y es ilegal

Fechada este domingo, la misiva fue enviada de oficio al presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, a quien le aclara que él no participa de la iniciativa. Esa encuesta “no me involucra ni ha sido concertada con mi persona pese a ser miembro del bloque y precandidato a la Presidencia del Estado”, aclaró el expresidente.

Al contrario, recordó que esa encuesta es financiada por Doria Medina y, por tanto, no es del conjunto de esa facción preelectoral de la oposición. “Tanto las empresas que realizan las entrevistas de campo, la metodología y supervisión no corresponden al Bloque de Unidad, sino solamente a quien financia la misma, que es el Sr. Samuel Doria Medina”, escribió.

Además, Quiroga pidió al TSE, “en el marco de las funciones de control y fiscalización que ejerce”, se sirva “ordenar” a Doria Medina hacerle llegar, en su condición de miembro del Bloque de Unidad, los “contratos celebrados con las empresas especializadas en estudios de opinión”. Esto, “para comprobar que mi persona no firmó absolutamente ningún contrato”, insistió.

Bloque de Unidad

El Bloque de Unidad está conformado por Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa, Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar y Luis Fernando Camacho. Ante la declinatoria de algunos de sus aliados, quedaron en carrera Quiroga, Doria Medina y Ballivián, a la espera de que la encuesta defina su situación final.

El sábado, el a su vez dirigente de Unidad Nacional (UN), informó que la encuesta en cuestión comenzó con el trabajo de campo. “No vamos a difundir encuestas, dice que se puede hacer encuestas si no se difunden; no vamos a difundir, vamos a tomar decisiones sobre la base de esa información”, aclaró Doria Medina.

En su carta a Hassenteufel, Quiroga hizo una larga argumentación jurídica y explicó que su decisión de no ser parte de la encuesta “se basa fundamentalmente en el respeto a la ley”.

En contrapartida, advirtió de eventuales delitos electorales con el desarrollo del estudio. “No podemos ignorar que el artículo 238 de la Ley 026 (ndR: de Régimen Electoral) bajo el Nomen Iuris de Delitos Electorales, establece que: Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones”, citó.

Sanción

Al rato, transcribió: “La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

El jueves 3 de abril, Quiroga había anunciado de su salida del acuerdo sobre la encuesta de marras. “La unidad sin legalidad pone en riesgo la candidatura de la oposición”, advirtió entonces.

Al contrario, algunos de sus aliados defendieron el desarrollo de la encuesta al considerar que ella no incurre en alguna contravención, sino que se enmarca en la ley debido a que se trata de un mecanismo de uso interno. Invocaron el artículo 131 de la Ley 026.

Encuestas

“Quienes elaboren y difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral son los responsables del cumplimiento estricto de los preceptos y del periodo de difusión establecidos en esta ley, bajo responsabilidad. Quedan excluidos de esta regulación los estudios de opinión en materia electoral realizados sin fines de difusión”, señala dicha norma.

Quiroga defendió las encuestas dentro del marco de la ley, “por lo que resulta relevante considerar que, el acceso a los estudios de opinión electoral, tiene vital importancia en el ejercicio de la democracia”.

Y recordó al TSE su facultad de “regular, fiscalizar y supervisar todos los estudios de opinión pública en materia electoral” y le sugirió desarrollar “un reglamento cuidadosamente elaborado para viabilizar esta atribución de la ley”.

Ilegalidad

Una vez más consideró que la encuesta del Bloque de Unidad es ilegal y advirtió que “los resultados que provoca semejante desatino afectan no solo a precandidatos, como es mi caso, sino al derecho del ciudadano de contar con alternativas para definir su voto”.

Al final de su carta, Quiroga insistió en que “una decisión tan importante como la de elegir un candidato a la Presidencia del Estado, no puede basarse en una ilegalidad por más que se pretenda disfrazarla”.

El mismo día que el expresidente desahució la encuesta, el TSE emitió la convocatoria a elecciones generales para el 17 de agosto de 2025. El calendario electoral dispone como plazo final para la presentación de alianzas el 18 de abril y para las candidaturas, entre el 14 y 19 de mayo.