«No esperemos soluciones impuestas. Organicémonos desde abajo, construyamos poder propio y disputemos el rumbo del país». La frase no es una consigna suelta, es parte del pronunciamiento político lanzado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) —a la que se sumaron 60 organizaciones— , que en medio de una crisis institucional, ambiental y social, propone un modelo de desarrollo sostenible y la transformación de la institucionalidad política del país. En ese sentido, elaboraron una agenda que presentaron la mañana de este 20 de mayo a la sociedad civil y que luego entregarán a los candidatos a las elecciones nacionales 2025.

«Estamos en un contexto de las elecciones nacionales, en ese marco hemos debatido y analizado, y queremos hacer conocer nuestra propuesta, pronunciamiento y posicionamiento. Hemos visto ayer candidatos con siglas, personas sin ningún contenido estratégico político, ni de propuesta, esperamos que nuestra propuesta puedan debatirla, asumirla», expresó el secretario técnico de la PBFCC, Juan Carlos Alarcón.

El documento incluye varios puntos, entre ellos, el rechazo al agronegocio, los monocultivos y transgénicos. Las organizaciones de la sociedad civil plantean sistemas alimentarios sostenibles y basados en la agricultura familiar campesina indígena. Rechazan la mercantilización de la naturaleza a través de los mercados de carbono «que son la expresión de falsas soluciones». Exigen una gestión comunitaria del agua, por ello convocan a prohibir cualquier actividad extractiva en cuencas y fuentes hídricas. Exigen que se declare emergencia climática desde los territorios.

Entre las organizaciones que forman parte de esta propuesta están: Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Pastoral Social Caritas Sucre (PASCAR), Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular (INDICEP), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Centro de Investigación  y Promoción del Campesinado CIPCA, Fundación Jubileo, KURMI, Programa Nina, entre otros. 

También, rechazan la expansión indiscriminada de cultivos de hoja de coca en zonas no autorizadas y piden la protección de derechos de los productores de hoja de coca en zonas originarias ancestrales. Exigen diálogo abierto y participación de la sociedad civil en la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (que son son reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

Rechazan la instrumentalización del aparato estatal y exigen una transformación profunda de la institucionalidad política de Bolivia, con independencia judicial, control social y participación directa de los pueblos indígena originario campesinos, organizaciones sociales, actores locales, territoriales, rurales y urbanos.

Exigen recuperar y profundizar las propuestas históricas de los movimientos sociales, organizaciones indígenas y campesinas formuladas en el proceso constituyente del año 2006 «y que fueron cooptadas por los intereses del campo político dominante». Señalan que es hora de transitar hacia un modelo de desarrollo económico diversificado y sostenible, que fortalezca las economías comunitarias, territoriales, los sistemas agroecológicos y solidarios.

«Exigimos respeto pleno a la libre determinación, autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas originarios campesinos, el fin de la minería y el agronegocio en los territorios y de todas las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, gestión urbana sustentable y biodiversa», puntualizan.

En un momento marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado, la PBFCC dice que es urgente recuperar la voz, la dignidad y la acción desde los pueblos.

Durante la conferencia de prensa, Eloy Flores, representante de la Coordinadora en Defensa de los Ríos Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), cuestionó la indiferencia de las autoridades nacionales frente a la crítica realidad que enfrentan las comunidades en los territorios más afectados: “Seguramente a los gobernantes, diputados y senadores no les interesa ni ven con preocupación la afección que tenemos en nuestras comunidades. Queremos que el Gobierno, en el poco tiempo que le queda, analice con seriedad la situación de la población boliviana”.

Finalmente, el representante de la organización Jóvenes por un Mundo Inclusivo, Cristian Rodríguez, indicó que la crisis económica, política y social, está llevando a Bolivia a una crisis sin retorno. En ese sentido, invitó a la gente a sumarse a la propuesta planteada. «Les invito a sumarse al cambio en general que el día de hoy está naciendo. Hacemos el llamado a todos los entes nacionales, a las candidaturas y la población en general a sumar las fuerzas por un voto que va a decidir el futuro del país. Es hora del cambio», finalizó.

Estas declaraciones reflejan el sentir generalizado de las organizaciones sociales e indígenas que se reunieron en Cochabamba, y las cuales exigen un cambio urgente en el modelo de desarrollo y políticas públicas que respondan a las necesidades reales del país.

Aquí puede leer el pronunciamiento: