Campero señaló que el caso revela un preocupante retroceso hacia “viejas prácticas políticas”, en las que se obstaculiza de forma deliberada la participación electoral de ciertos actores, afectando la legitimidad del proceso. La legisladora también criticó que el sistema actual no permita a los propios candidatos corregir errores técnicos en sus expedientes, aunque estos no sean de su responsabilidad directa.

En ese marco, denunció que Beckhauser habría presentado toda la documentación requerida y sugirió que su expediente podría haber sido manipulado con fines políticos. Por ello, solicitó al Tribunal Supremo Electoral que habilite un mecanismo para que los afectados puedan enmendar irregularidades sin depender de terceros.

La diputada concluyó que este tipo de trabas generan desconfianza en la ciudadanía y ponen en riesgo el carácter democrático del proceso electoral.