La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia, cuestionó la necesidad de una nueva ley que refuerce el principio de preclusión en el proceso electoral. Según explicó, este principio ya está establecido en la Ley 026 y la Ley 018, por lo que el TSE solo debe hacerlas cumplir.

“No hay necesidad de que se les recuerde a todos con otra ley, con un punto específico con un artículo específico, que existe el principio de preclusión y que la máxima autoridad es el TSE. No debería preocuparles a los vocales porque eso está en la ley”, afirmó en entrevista con La Razón Radio.

TSE

Según Chuquimia, la preclusión (que evita la revisión de actos ya concluidos) impide que se reviertan decisiones en el calendario electoral, algo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desconoció en las pasadas elecciones judiciales parciales.

El 4 de noviembre de 2024, mediante una Sentencia Constitucional, se declararon desiertas las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del 17 de febrero, concluyó con un acuerdo de 15 puntos. Incluye una propuesta para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley sobre la preclusión y otra para modificar la Ley 044, asegurando que los vocales sean juzgados por la vía de responsabilidades y no en la justicia ordinaria.

Sin embargo, Chuquimia explicó que la Ley 026 no solo aplica a situaciones de violencia el día de las elecciones, como el sabotaje de urnas, sino que también cubre todo el proceso electoral.

“Entonces eso es lo que tiene que difundir el TSE, recordarles a las autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los ciudadanos de a pie que a veces no conocen la normativa que existe sanciones aquel ciudadano que obstruya el proceso electoral”, añadió.

Respecto a los plazos, la ALP tiene hasta la primera semana de abril para aprobar al menos seis leyes para blindar el proceso electoral de las elecciones generales del 17 de agosto.