Medio: La Razón
Fecha de la publicación: viernes 21 de febrero de 2025
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidirá el próximo 20 de marzo el destino de las organizaciones políticas que no han renovado sus directivas, entre ellas el Frente Para la Victoria (FPV), partido con el cual el expresidente Evo Morales busca participar en las elecciones generales del 17 de agosto.
La sala plena del TSE evaluará el cumplimiento de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, y emitirá un pronunciamiento sobre las fuerzas políticas que no han cumplido con los requisitos establecidos.
“El último plazo vence el 20 de marzo. Ese día, la sala plena se pronunciará sobre las organizaciones que han cumplido y las que no”, informó Gustavo Ávila, vocal del TSE.
FPV
Recordó que el plazo para la renovación de directivas y la adecuación de estatutos se amplió en siete oportunidades, dando a las organizaciones políticas tiempo suficiente para cumplir con la normativa.
Hasta la fecha, tres organizaciones políticas no han cumplido con la renovación de sus directivas: el FPV, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol).
En el caso del FPV, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) supervisó su Convención Nacional del 8 diciembre de 2024 y observó incumplimientos en su estatuto.
El informe del Sifde, remitido el 17 de febrero, recomendó no aprobar ni registrar a los dirigentes electos en esa convención.
Ávila señaló que el objetivo del TSE es garantizar que todas las organizaciones políticas cumplan con la ley y participen en igualdad de condiciones en las elecciones.
“No podemos tener a organizaciones en desventaja, unas que cumplen la ley y otras que no. Por eso hemos ampliado los plazos hasta el 20 de marzo”, explicó.
El jueves, Morales oficializó su alianza con el FPV, con el cual buscará participar en los comicios del 17 de agosto, luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quedara en manos de las organizaciones sociales afines al Gobierno tras un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en noviembre de 2024.



