La labor del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto no será fácil. Los vocales, empeñados en hacer un buen trabajo, tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de ofrecer transparencia al país. Una misión casi imposible si nos dejamos llevar por lo visto el lunes.

Por un lado, el TSE hace malabares para cumplir cada una de las etapas del calendario electoral sin ganarse nuevos procesos judiciales. Sus decisiones son revisadas con especial lupa por los afectados. Y estos no dudan en recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional para ‘defenderse’. Un TCP que cuenta con suficiente ‘experiencia’ para inmiscuirse en procesos electorales, como ya lo demostró en las incompletas elecciones judiciales de 2024.

Las miras, y las críticas, se centrarán en los siete vocales electorales. Pero los responsables hay que buscarlos en otra plaza. La demora de los legisladores plurinacionales y los cálculos que se arman desde la Casa Grande del Pueblo dejan un nefasto rastro en este proceso electoral.

¿Por qué no han tenido la capacidad de validar las leyes solicitadas tanto por el TSE como por las diversas organizaciones políticas para allanar el camino a las urnas?

Este proceder alejado de los principios democráticos ha sido recurrente en la autodenominada izquierda popular. Su máximo exponente, Evo Morales – a quien el TCP ya le ha recordado que no puede postular a la presidencia- equipara la democracia a las reuniones sindicales donde, por aclamación de los presentes, sale siempre victorioso. En la concepción izquierdista de la democracia no se percibe la disidencia, la divergencia o la diferencia. La voluntad gira en torno al líder.

Ese mismo modelo se replica en su ‘sublevado’ delfín. Andrónico Rodríguez, hasta hace poco un obsecuente seguidor de Morales, ha despertado sus anhelos presidenciales y compite mano a mano con quien fuera su mentor.

Ante este panorama, nuevamente, los vocales electorales están obligados a medir sus actuaciones y cumplir sus funciones en un clima de constante intimidación – judicial o social – por parte de quienes entienden la democracia desde una perspectiva egocentrista. Ya lo sufrieron durante las elecciones judiciales con postergaciones, injerencias y cuestionamientos constantes que impidieron sostener un proceso ordenado y confiable.

A menos de tres meses para la cita con las urnas, estamos ante un escenario semejante al vivido durante las judiciales. Siete personas, los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen la gran responsabilidad de hacer viable una Bolivia tremendamente caótica. Del buen juicio de sus determinaciones depende, en gran parte, la paz social del país.