El sistema judicial, a través de sus salas constitucionales, impuso otra vez sus fallos al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tal y como sucedió durante el proceso para elegir magistrados, este órgano estatal acató las órdenes legales como sucedió el lunes cuando dejó en suspenso la inscripción de los candidatos de Alianza Popular que postuló a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial.
Desde varios escenarios, políticos y expertos en derecho recordaron que en el Senado “duerme” el proyecto de ley número 428, que modifica las leyes 018 del Órgano Electoral y 026 de Régimen Electoral, para garantizar el principio de preclusión. 
La norma fue aprobada en Diputados el 15 de mayo y se quedó estancada justamente en la cámara que está bajo el control de Andrónico Rodríguez, quien es, por ahora, el primer afectado por estos fallos.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) observó ayer estas acciones y las calificó como una “manipulación abusiva y calculada de la justicia constitucional que sigue afectando el orden democrático”, y esto, en pleno proceso de elecciones generales, vulnerando además ese principio de preclusión que garantiza que cada decisión asumida por las autoridades electorales ya no podría ser revisada por ninguna autoridad competente.
“La Sala Plena del TSE vuelve a resignar su competencia como máxima autoridad electoral ante ‘medida cautelar’ dispuesta por una sala departamental cuya decisión, además, está sujeta a consulta obligatoria ante el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) de mayoría auto prorrogada”, señaló el exmandatario al referirse a los cinco de nueve magistrados de ese tribunal que se mantienen en el cargo desde 2017 a pesar de haber vencido su mandato legal de seis años.
Los hechos
Hasta después del mediodía del lunes 19 que era el último día de inscripciones, la Alianza Popular del MTS, ya había registrado a sus candidatos en el sistema digital y solo faltaba la inscripción física con la entrega de sus documentos. Fue cuando llegó al TSE la orden judicial que frenó el registro. 
El MTS tiene al menos unas seis denuncias en su contra. Una de ellas es una acción de cumplimiento en una Sala Constitucional de Beni donde acudió el ciudadano Peter Berkhauser para reclamar por el incumplimiento de la renovación de dirigentes en el partido de Felix Patzi.
El otro proceso es una acción de amparo constitucional que se admitió en La Paz por un conflicto entre Patzi, líder del MTS y su exesposa, Maziel Terrazas quien fue expulsada de ese partido.
“¿Qué ha determinado la Sala Plena? Cumplir la medida cautelar, por lo tanto, la recepción de listas y documentos queda en suspenso hasta que la sala constitucional del tribunal de Beni disponga lo que corresponda en la audiencia del 21 de mayo”, dijo el secretario de Cámara, Fernando Arteaga.
 ¿Y qué pasa con el principio de preclusión?, consultó EL DEBER a Arteaga, quien respondió escuetamente: “No le puedo comentar nada de eso. Va a depender de esta sala constitucional y lo que determinen”.
El MTS no es la única organización que tiene problemas. Desde el TSE confirmaron que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) tienen denuncias que deberán ser resueltas en los organismos competentes.
“Se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las Elecciones”, dijo el vocal del TSE Francisco Vargas.
En medio de este asedio, el TSE ayer comenzó a revisar la documentación de los más de 3.000 postulantes que esperan ser habilitados como candidatos para las elecciones generales del 17 de agosto. Los plazos corren y los habilitados serán presentados hasta el próximo 6 de junio, de acuerdo con el calendario electoral.
 
Sin tratamiento
Los proyectos de ley —TREP y preclusión— que fueron aprobados en Diputados para blindar las elecciones, están en el Senado donde no ponen fecha para su tratamiento.
 
Juicios
Los miembros del TSE también reclamaron para ser incluidos en la Ley 044 al ser altas autoridades de un órgano estatal. Las autoridades del resto de los poderes públicos están bajo ese mecanismo legal, no así los vocales electorales que pueden enfrentar juicios ordinarios.
Dos fallos constitucionales frenaron la inscripción de uno de los candidatos a las elecciones generales el pasado lunes