ANF / La Paz

La jueza tercera Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, dispuso ayer la liberación con medidas sustitutivas del diputado opositor Rafael Quispe, acusado por un presunto delito de uso indebido de influencias.

Ahora el legislador se encuentra con arraigo, además deberá pagar una fianza económica que asciende a 15.000 bolivianos y presentarse cada 15 días en el Ministerio Público para firmar el libro de registro.

Quispe aseguró que el proceso en su contra sólo forma parte de una estrategia de represalia del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, porque anunció que lo impugnaría en su postulación a la Fiscalía General.

Sin embargo, según la investigación del caso, el diputado fue procesado porque supuestamente impulsó un acuerdo irregular de conciliación entre un protagonista de un hecho de tránsito y la víctima. El accidente fue protagonizado el año pasado por un concejal de El Alto en presunto estado de ebriedad y el hecho ha sido denunciado inicialmente por el propio diputado Quispe, pero después de la conciliación, el legislador habría dejado de seguir el proceso.

Entonces, el Ministerio Público decidió imputar al diputado por el delito de uso indebido de influencias porque considera que la conciliación se realizó de manera ilícita.

Zuleyca Lanza, abogada del diputado Rafael Quispe, presentó una acción de libertad para que su defendido salga de celdas policiales porque considera que fue aprehendido de manera ilegal. Sin embargo, este pedido fue rechazado ayer.