Tres acciones de constitucionalidad vinculadas con el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el expresidente Evo Morales, imputado por el delito de trata de personas en Tarija, están a la espera de un fallo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y podrían definir el futuro jurídico del exmandatario, que busca frenar la investigación. La Fiscalía General solicitó celeridad en la resolución de estos recursos.

Las tres acciones, planteadas por terceras personas afines a Morales, fueron remitidas en revisión al TCP por jueces y salas constitucionales y apuntan a que se deje sin efecto la orden de rebeldía dispuesta por un juez de Tarija, la restitución del derecho de libertad de locomoción del expresidente y la nulidad de la orden de aprehensión expedida en septiembre del año pasado. Están en la comisión de admisión, según la página web de la institución.

LAS ACCIONES

El 7 de octubre de 2024 ingresó al TCP una acción de libertad en revisión interpuesta como accionante por Ximena Teresa Sanz Molina, en representación de Morales, y contra los miembros de la comisión de fiscales que investiga al expresidente; solicita la anulación de la orden de aprehensión dictada por el Ministerio Público el 26 de septiembre de 2024.

En primera instancia, la acción de libertad fue planteada el 2 de octubre ante el Juzgado de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Nº 14 de Santa Cruz. Ese día, la jueza Lilian Moreno concedió la solicitud dejando sin efecto la imputación y la orden de captura contra Morales.