El comunicado asegura que las observaciones de la Contraloría, que impidieron la inscripción de Dunn, corresponden a procesos coactivos fiscales relacionados con su gestión como Oficial Mayor Administrativo en la Alcaldía de El Alto hace más de 18 años. Según NGP, estos procesos responden a faltas administrativas, no a delitos, y se habrían generado sin notificación formal previa, lo que, sostienen, vulnera el debido proceso.

A pesar de que el TSE confirmó que NGP inscribió a Fidel Tapia como candidato presidencial y al empresario Édgar Uriona como su acompañante a la vicepresidencia, la organización política afirma que la candidatura de Dunn sigue vigente y que se han activado mecanismos legales para regularizar su situación.

Dunn, quien había sido respaldado inicialmente por la Falange Socialista Boliviana (FSB) (agrupación que luego retiró su apoyo), declaró que su postulación “sigue firme” y que estas acciones buscan “empañar” su propuesta política basada en la libertad y la transparencia.

La agrupación se ampara en la normativa electoral vigente que permite el reemplazo de candidatos antes de los 45 días previos a las elecciones generales del 17 de agosto. NGP insistió en que no renunciarán a la participación de Dunn y continuarán con el proceso de habilitación.