El país cursa unas elecciones judiciales atípicas, llenas de obstáculos previos, incompletas por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, de paso, inciertas respecto de la complementación de los cargos que resultarán acéfalos.

Estos comicios, los terceros de su naturaleza después de los llevados a cabo en 2011 y 2017, debieron desarrollarse en octubre de 2023, pero recursos de postulantes inhabilitados, desacuerdos en la Asamblea Legislativa y el papel crucial del TCP se los impidieron.

En la apertura de estas justas, la mañana de este domingo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, hizo un repaso crudo sobre el “camino lleno de obstáculos” que recorrió el proceso.

Frente a autoridades nacionales y observadores internacionales en el atrio del TSE en la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi de La Paz, el vocal apuntó los dardos específicamente al TCP, que en al menos cinco ocasiones —en el recuento de La Razón— le puso zancadillas al proceso.

Asamblea

En medio de las varias convocatorias a las elecciones el año pasado, el oficialismo fragmentado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no lograron acuerdos que blinden el proceso.

Precisamente, esa debilidad sirvió como argumento para el TCP, que el jueves denunció “deficiencias normativas para las impugnaciones, deficiencias en las fases de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.

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Recordó algunas irregularidades en el proceso de preselección de postulantes: audios filtrados de parlamentarios que favorecen candidatos o asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos.

Así, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, afirmó que dicho órgano decidió romper el silencio “que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas” contra la institución y los magistrados.

‘Soluciones’ del TCP

Dijo que, a pesar de esas irregularidades, el TCP encontró “soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado y viabilizó la elección de “casi en su totalidad de los candidatos”.

En contraposición a esos argumentos, Hassenteufel recordó que, además de un escenario político, social y económico complejo, “se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral”.

“El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta”, para cumplir con el periodo de mandato de seis años de las autoridades, lamentó.

El vocal apuntó al TCP por la anulación de las elecciones judiciales del año pasado y, de paso la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023.

Sin embargo, fue más crítico con la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre, que, “en pleno desarrollo del calendario electoral”, declaró desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Elecciones parciales

Y el Auto Constitucional Plurinacional 0084/2024-ECA, del 13 de noviembre de 2024, ratificó la disposición de la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre, que finalmente blindó las elecciones parciales.

El TCP “dejó constancia que esa declaración constitucional incurría en una flagrante violación del principio de preclusión”, espetó Hassenteufel.

A pesar de las observaciones planteadas en su momento, el Órgano Electoral “no tuvo otro camino que llevar adelante el proceso”, afirmó.

Antes de la sentencia cuestionada, el TCP emitió otras decisiones polémicas. La primera de ellas fue aprobada el 31 de julio de 2023, la Sentencia Constitucional 60/2023, que anuló la primea convocatoria y dejó en fojas cero las elecciones.

Lo hizo más de tres meses después de que el diputado de Creemos Carmelo Ayala interpusiera un recurso contra la convocatoria y el reglamento.

Prorrogados

Finalmente, luego de desacuerdos en la Asamblea Legislativa sobre una nueva ley, el TCP emitió la afamada Declaración Constitucional 049/2023, con la que anuló el proceso y prorrogó el mandato de los magistrados y consejeros mientras una elección los sustituya.

Sin embargo, con las elecciones parciales, también quedó pendiente otra votación que deberá definir la complementación de los cargos que resultaren acéfalos, entre ellos los de los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado e Yván Espada, los principales promotores de las decisiones que dejaron de manera recurrente en vilo las elecciones judiciales.

Hassenteufel dijo que, ahora, los magistrados electos este domingo van a tener que convivir con los “autoprorrogados” a partir de enero. Solo serán elegidos 19 de 26 autoridades que debieron ser elegidas, recordó la mañana de este domingo.

Se prevé que las nuevas autoridades asuman sus funciones el 3 de enero, en el inicio del Año Judicial.