El antecedente, explica Mendoza, es de 2013, cuando se discutió en diversos talleres, con participación de la cooperación internacional, Organizaciones No Gubernamentales, la anterior directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y varios profesionales un proyecto de ley similar al que se debate en el Legislativo.

“Quedo en eso y finalmente y fue un proceso abortado. Esos antecedentes se han retomado hace dos años, precisamente desde la elección de los nuevos vocales del TSE, se vio que era una tarea pendiente porque hay que ajustar las organizaciones políticas al escenario que plantea la nueva Constitución, eso es algo ineludible”, explicó el también exsenador del MAS.

Vocales electorales, consultores y técnicos instalaron un “debate amplio y acalorado” para consensuar los resultados de los eventos regionales y nacionales que dieron lugar a la propuesta de ley, contó el experto.

“Por tanto se inició un proceso participativo, para lo cual se trabajó con cinco consultores: Salvador Romero, Carlos Hugo Molina, Paulino Guarachi, Gabriela Canedo y Adolfo Mendoza. Pero además, todo esto que hacían estos cinco consultores se discutía con el TSE y su equipo técnico”, contó este último.

Guarachi, especialista en temas indígenas, explicó que “cada uno tenía una especificidad”, por ejemplo a él le tocó diseñar la participación política de las naciones y pueblos indígenas.

“A Gabriela el tema de la paridad, régimen de género de manera transversal en toda la ley, Carlos Hugo Molina trabajó más el tema de la democracia interna de las organizaciones políticas y el tema de transfugio y demás trabajó Mendoza y de manera general nos colaboró Romero, por su ocupación no siempre estuvo en todos los debates, pero nos ha dado muchos elementos”, explicó.

Mendoza recuerdó que hubieron dos rondas de consultas a las organizaciones civiles, académicas y políticas. “Hubo amplia discusión ciudadana”, destacó.

A su turno, Canedo consideró que la pluralidad y experiencia fueron aspectos esenciales a la hora de elegir a los consultores. “Eso que se ha manejado de que somos del oficialismo para nada es cierto. Yo he trabajo con partidos desde años anteriores con el Programa de Naciones Unidas justamente en el componente de género”.

Los tres coinciden en que no se debe vulnerar el espíritu democratizador que, ante todo, tiene ley. Todos coinciden en que hay saltos cualitativos en relación con la antigua ley de partidos políticos de 1999.

“Desde el punto de vista técnico sentíamos que el país necesitaba una nueva ley porque teníamos una ley de partidos de los 90 que no tenía correlación con la Constitución aprobada y teníamos una ley de agrupaciones ciudadanas y de pueblo indígenas de 2004, éstos deberían adecuarse en procura de profundizar la democracia”, señaló Guarachi.

Pero hay una marcada alerta en sectores de oposición luego de que el Legislativo ajustó la propuesta original y adelantó las primarias para enero, en contra ruta con lo planteado por el TSE que había recomendado aplicarla más allá de las elecciones generales de 2019.

“El MAS trata de instrumentalizar el Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas para incorporar mañosamente la inscripción de candidatos imposibles. Eso NUNCA se tocó de la manera aprobada en Diputados, en el proceso de elaboración del Proyecto. Creo que perdió su razón de ser” (Sic), escribió Molina en su cuenta de Twitter.

(30/08/2018)