El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado que el 17 de agosto de 2025 la ciudadanía boliviana concurrirá a las urnas para elegir a nuevas autoridades: presidente, vicepresidente, senadores y diputados, cuyo mandato constitucional iniciará indefectiblemente el 8 de noviembre. Así se inicia un nuevo proceso que culminará en 2026 con la elección de nuevos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales.

El TSE deberá sortear muchos obstáculos. El primero es la redistribución de escaños parlamentarios en función de los resultados del Censo de Población y Vivienda lo que implicará, al margen de los cálculos matemáticos, una necesaria capacidad de diálogo y concertación. Además, es preciso recordar que más allá del mandato constitucional está vigente la Ley 1492 ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda que se logró después del histórico paro cívico de 36 días, en 2022.

Y nunca más pueden ocurrir errores groseros como la inclusión de habilitados y depurados en la misma lista índice.

En tercer lugar, está la difusión de resultados preliminares en el día de la votación. En 2019, una manipulación burda y oscura provocó la caída de Evo Morales. En 2020, pese a tener las herramientas tecnológicas necesarias, el TSE suspendió la transmisión de resultados por inaceptables problemas logísticos. Pues bien, 2025 deberá marcar un punto de inflexión en esa materia. Y que quede claro que serán datos preliminares y no cómputos oficiales, pero aun así el TSE debe generar certezas y disminuir todo margen de incertidumbre.

En cuarto lugar, está una posible segunda vuelta electoral. Así como se presenta el actual panorama político, es altamente probable que las dos candidaturas más votadas lleguen a un inédito ballotage.

Los desafíos también se extienden a las organizaciones políticas. En el MAS persiste la pugna por la sigla y la candidatura, una disputa que ha llegado incluso a paralizar el trabajo de la Asamblea Legislativa. En la oposición han comenzado a aparecer numerosas candidaturas, cuándo no, y con ello se abrió el mercado de siglas, las repartijas de poder y el tráfico de favores para financiar candidaturas.

La experiencia enseña que las elecciones en tiempo de crisis económicas generan polarización extrema, desinformación y discursos de odio. Ésa es también una grave amenaza.

En 2020 se dijo que Bolivia pudo superar una de sus pruebas más difíciles: elecciones en tiempo de pandemia y después del vergonzoso episodio de 2019; pero como vienen las cosas, en 2025, el reto para la democracia boliviana también será muy difícil y riesgoso.